El vínculo entre lectura, diversidad y democracia es imprescindible en nuestros países. Para construir una democracia sólida se necesitan ciudadanos críticos y empoderados, capaces de leer el mundo en toda su complejidad y crisis. Esto solo es posible en el marco de políticas públicas que, desde un enfoque de derechos culturales, de justicia social y de reconocimiento de la diversidad, garanticen que la palabra —escrita y oral— circule libremente y sea una herramienta efectiva para la edificación de futuros más justos y equitativos.
La lectura, más allá de la capacidad de decodificación de símbolos, se erige como una práctica sociocultural profundamente vinculada con la construcción de ciudadanía, el reconocimiento de la diversidad y el fortalecimiento de la libertad. En este sentido, el lema del IX Encuentro Iberoamericano de Redplanes (responsables de planes de lectura): “Lectura, diversidad y democracia“, que se llevará a cabo en Brasil del 13 al 16 de octubre, plantea una discusión urgente y necesaria sobre cómo estas dimensiones se entrelazan para imaginar y proponer nuevos futuros colectivos en nuestros países.
Uno de los ejes centrales de una sociedad democrática es la concepción de la lectura, la escritura y la palabra como derechos fundamentales de todas las personas. El derecho a la lectura trasciende el mero activismo, es decir, no solo es el acceso al alfabeto y los textos, sino garantizar que todas las personas puedan desarrollar la capacidad de interpretar, criticar y producir sentidos. Este derecho es la base para la participación social plena de la ciudadanía activa. La ausencia de este derecho se traduce en una perpetuidad de las desigualdades que limita la posibilidad de que las comunidades, especialmente las históricamente marginadas, puedan narrar sus propias realidades y proyectar sus aspiraciones.
En este sentido, surgen importantes desafíos en términos de políticas públicas de educación. El sistema educativo es el espacio primordial para la formación de lectores, pero requiere de políticas innovadoras que trascienden la instrucción. Si bien es cierto que la alfabetización es un derecho, no es menos cierto que es una necesidad fomentar prácticas de lectura, escritura y oralidad que sean significativas en la vida de la gente para hacer real ese derecho.
Esto implica una política cultural robusta que no excluya el sector del libro, una formación docente sólida, la producción de materiales diversos y una articulación interinstitucional y sectorial que garantice la sostenibilidad de las iniciativas más allá de los cambios de gobierno.
En contextos de exclusión, la lectura se convierte en un acto de resistencia, comunión y solidaridad. Las experiencias de bibliotecas populares en las periferias urbanas o rurales de muchos de nuestros países, o los proyectos liderados por comunidades indígenas y afrodescendientes, organizados desde sus contextos, demuestran cómo la lectura, la escritura y la oralidad pueden ser herramientas de empoderamiento, preservación cultural y organización social. En estos espacios, leer y escribir son actos políticos que enfrentan narrativas hegemónicas y afirman identidades silenciadas, tejiendo redes de solidaridad y resistencia desde lo local. Es por eso que la lectura también es una forma de descolonización.
La diversidad lingüística y cultural es una de las bases fundamentales en nuestra sociedad. En la región Iberoamericana, donde la riqueza plurilingüe y pluricultural es una realidad visible, las políticas de lectura deben ser sensibles a esa diversidad. Promover la producción y circulación de libros en lenguas originarias, así como valorar las tradiciones orales, que son parte del patrimonio inmaterial de los pueblos, no es solo un tema de justicia epistémica, sino también una condición necesaria para una democracia verdaderamente inclusiva. Esto implica reconocer que existen múltiples formas de conocer y narrar el mundo, y que todas merecen un lugar en el espacio público.
La equidad racial y de género es una prioridad ineludible en la agenda del libro y la lectura. La lectura y la oralidad son esenciales para cuestionar los cánones culturales y los circuitos donde aún prevalecen voces opresoras y dominantes. Fomentar la producción y lectura de autorías diversas — grupos etarios, étnicos y sociales, personas con discapacidad— contribuye a deconstruir estereotipos, enriquecer el imaginario colectivo y construir un ecosistema donde todas las voces sean escuchadas y valoradas.
En este escenario las bibliotecas se reafirman como motores de cambio económico y social. Las bibliotecas han dejado de ser solo repositorios de libros para ser espacios vivos de encuentro, aprendizaje continuo y acceso a la información. En un mundo desigual, con numerosas heridas sociales, las bibliotecas públicas cumplen un rol democratizador crucial, cerrando brechas desde sus distintos programas que crean conexiones cívicas y acciones democratizadoras que hacen de ellas un refugio seguro para el pensamiento crítico y la construcción comunitaria.
La reunión de responsables de planes de lectura marcará una ruta para que los actores trabajen desde la gestión cultural de las instituciones culturales y educativas. Es importante destacar que la agenda caerá en saco roto, si no se cuenta con apoyo decisivo de alto nivel en cada país para que los gestores y agentes de base, que conocen la problemática de la lectura de sus países, puedan trabajar de forma articulada e intersectorial desde políticas y planes de lectura coherentes, con recursos y los instrumentos que la gestión cultural requiere. De lo contrario cualquier alusión de la palabra democracia será una ficción.
El autor es escritor.
