En el reciente debate sobre el proyecto que modifica la Ley 68 de 2016, que regula el SOAT, leí con atención el informe presentado por la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. ¿El documento tiene inconsistencias? Sí, pero también aclara un punto esencial: en la mayoría de los países los descuentos por siniestralidad no son por ley, sino prácticas comerciales de las aseguradoras.
El problema es otro. El legislador que defendió el proyecto omitió esa diferencia. En su discurso aseguró que existían leyes similares en España, Reino Unido, Estados Unidos, México y Chile. No era cierto.
Francia es el único país con regulación expresa. Allí se aplica un sistema balanceado: se otorgan descuentos escalonados, y se alcanza hasta un máximo de 50% después de 13 años sin accidentes, pero también se imponen recargos por cada siniestro. No es un beneficio automático ni unilateral. Presentarlo solo como “ejemplo positivo” fue, como mínimo, una verdad a medias.
Aun así, el pleno aprobó el proyecto. Se construyó sobre cálculos incompletos, proyecciones defectuosas y referencias mal citadas.
¿Fue desconocimiento? ¿O fue manipulación de la información para justificar una ley sin sustento?
Lo cierto es que Panamá no necesita leyes débiles ni discursos engañosos. Durante la pandemia vimos cómo las aseguradoras otorgaron descuentos reales, basados en la disminución del riesgo, sin que ninguna norma las obligara. Eso prueba que el mercado puede autorregularse.
Legislar en temas técnicos exige escuchar a quienes saben: actuarios y expertos en riesgos. No se puede improvisar ni manipular datos para convencer al pleno.
El país merece normas serias, sustentadas en la verdad. Porque legislar con información equivocada no es solo un error político: es un riesgo para la confianza ciudadana y para la sostenibilidad del sistema.
La autora es abogada especialista en Derecho de seguros.
