Uno de los mayores retos que enfrenta nuestra democracia es la erradicación de la violencia en el debate político. Es un mal que nos ha aquejado crónicamente gobierno tras gobierno, presidente tras presidente, partido tras partido.
Una parte de la población sigue creyendo que la mejor forma de participar en el debate político es cerrando calles, atentando contra la propiedad pública y privada, y perjudicando con ello al pueblo. Un pueblo que no solo debe soportar a los incompetentes políticos que lo gobiernan, sino también los tranques, los retrasos en sus trabajos y escuelas, así como la inestabilidad económica que toda esta situación genera. Esto repercute finalmente en el costo de vida, cada vez más alto.
Lo peor de todo es que siempre son las mismas organizaciones, los mismos cuatro gatos, que no participan de la vida pública más que (literalmente) con piedras en las manos. Cada vez que han intentado postularse para algún cargo o incluso formar un partido político, el pueblo panameño les ha dicho que no quiere escucharlos.
Sin embargo, en lugar de reformar sus estrategias políticas, afilar su discurso o mejorar su imagen, prefieren perjudicar al pueblo del cual se autoproclaman defensores. Con estos actos nos demuestran lo evidente: estas organizaciones y estas personas no son demócratas, desconocen la democracia y la voluntad popular de la silenciosa mayoría de los panameños. Una mayoría que no desea la panacea soviética que estos delincuentes nos ofrecen, sino más bien un Panamá de crecimiento, bienestar, paz social y, lo más importante, democracia y libertad.
Esto no es un alegato en contra de la participación ciudadana, sino un llamado a participar por los medios que nuestra democracia nos brinda. Una participación digna, que no tenga como costo el bienestar de nuestros conciudadanos y la estabilidad económica de nuestro país.
Los lugares donde se toman las decisiones son conocidos por todos. Si los diputados están votando un proyecto perjudicial para la nación, la ubicación de la Asamblea Nacional es de conocimiento público. Si el presidente de turno está actuando en contra del interés nacional, la Presidencia de la República lleva más de un siglo en el mismo lugar.
Entonces, ¿qué sentido tiene cerrar las principales vías de la capital más que perjudicar al ciudadano de a pie? ¿Qué sentido tiene bloquear las arterias del país si esto no afecta más que al panameño trabajador?
Por ello, hemos presentado la iniciativa ciudadana titulada Ley Anti-Bloque, la cual busca otorgar herramientas al Estado para sancionar a las organizaciones que tienen el cierre de calles y los disturbios como deporte olímpico.
Asimismo, busca hacerlas responsables de los daños al patrimonio público y privado, así como de cualquier lesión causada a unidades policiales o terceros. En pocas palabras, esta iniciativa pretende que se hagan responsables del desastre que generan cada vez que salen a las calles.
Esta propuesta no es innovadora, sino que sigue el ejemplo de las mayores democracias de Occidente, como Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, que han enfrentado problemas similares en el desarrollo de sus democracias.
Al fin y al cabo, la democracia siempre ha tenido enemigos.
El autor es estudiante de ciencias políticas y analista.
