La Ley de Intereses Preferenciales (LIP), vigente desde 1985 y reformada en múltiples ocasiones, fue diseñada para facilitar el acceso a la vivienda mediante un subsidio estatal que cubre parte de los intereses de los préstamos hipotecarios. Aunque a primera vista se trata de una política social positiva, su impacto en la banca panameña y en el mercado inmobiliario ha despertado serias preocupaciones en los últimos años.
Un alivio para la población… ¿y una carga para la banca?
El objetivo original de la ley es claro: ayudar a las familias a adquirir una vivienda propia. Sin embargo, algunos banqueros y economistas sostienen que el esquema ha distorsionado el mercado hipotecario, obligando a las entidades financieras a competir con tasas artificialmente bajas y reduciendo su margen de ganancia.
“Lo que empezó como un incentivo social terminó creando una expectativa irreal de tasas hipotecarias”, señaló un alto ejecutivo de un banco local que prefirió mantener el anonimato.
La LIP establece que el Estado subsidia un porcentaje del interés cobrado por los bancos, dependiendo del valor de la vivienda. En algunos casos, los clientes pagan tan solo un 1.5% de interés anual. Aunque el gobierno compensa a las entidades por la diferencia, el reembolso ha sido calificado como burocrático, lento e incierto, afectando el flujo de caja de los bancos.
Distorsiones en el mercado inmobiliario
El impacto no se limita a la banca. La LIP también ha sido criticada por impulsar un incremento artificial en los precios de las viviendas. Muchos promotores ajustan los costos al máximo permitido dentro de los tramos subsidiables, con el fin de mantener sus proyectos bajo el paraguas de la ley.
Esta práctica ha provocado una “burbuja moderada” en determinados segmentos del mercado, afectando incluso a quienes no califican para el subsidio pero deben pagar precios inflados.
La sostenibilidad fiscal del subsidio
El Estado panameño ha destinado en los últimos años más de 150 millones de dólares anuales para cubrir estos subsidios. En un contexto de creciente deuda pública y presión fiscal, surgen dudas sobre la sostenibilidad de esta política a mediano plazo.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha planteado la necesidad de revisar la ley y enfocarla en los segmentos más vulnerables. Sin embargo, cualquier reforma resulta políticamente delicada: la LIP goza de un alto nivel de aceptación popular y cualquier cambio puede interpretarse como un obstáculo para cumplir el sueño de la casa propia.
¿Es hora de repensar la Ley?
El acceso a la vivienda es un derecho que requiere políticas públicas sólidas, pero diversos expertos coinciden en que la LIP necesita una revisión profunda. Entre las recomendaciones destacan:
Transparentar y digitalizar los reembolsos a los bancos para evitar atrasos.
Limitar el subsidio a primeras viviendas y a grupos de ingreso claramente definidos.
Prevenir abusos de promotoras que inflan artificialmente los precios.
La Ley de Intereses Preferenciales ha beneficiado a miles de familias panameñas, pero su impacto en la banca, el mercado inmobiliario y las finanzas públicas ya no puede ser ignorado. La pregunta no es si funcionó, sino cómo hacerla sostenible, justa y financieramente responsable.
El autor es abogado.
