Finalmente, se publicó la lista de marras. Debido a la presión generada por las declaraciones del “amigo trascendente”, el presidente solicitó al Tribunal Electoral que hiciera pública la lista de donantes que su campaña entregara al final del proceso electoral “de acuerdo a lo establecido por la ley”, y que no es más que un eufemismo para referirse a las maromas que se han inventado los políticos para fingir una transparencia que en la vida real no es tal cosa. El objeto de la solicitud presidencial era demostrar que, efectivamente, no recibió donaciones de Odebrecht para alcanzar la presidencia.
De acuerdo a la lista, esto parece ser cierto.
Han pasado casi tres años desde las elecciones, cuando los candidatos entregaron al Tribunal Electoral su lista de donantes. Estas, supuestamente, son confidenciales, porque si no lo fueran me atrevo a garantizarles que conseguirían bastante menos dinero para repartir, digo, para hacer campaña. Como siempre, las autoridades electorales se escudan en “lo que dice la ley” que patrocina las trampas y triquiñuelas que rodean el sistema. Hace mucho que se cuestiona que los financiamientos de campaña sean infinitos, sin control y sin verificación del origen de los fondos. Si no, recordemos que ya en 1994 se detectaron cheques de dinero proveniente de narcotraficantes. Y, sin ir más lejos, no hace tanto que se supo cómo el dinero de David Murcia salpicó las campañas.
Pero lo verdaderamente relevante de la dichosa lista no tiene nada que ver con los nombres que en ella aparecen. Eso es lo de menos. Lo principal es que nos ha permitido darnos cuenta de la burla que es nuestro sistema electoral y cómo ese Tribunal que “ha manejado de forma transparente y ejemplar todos los procesos electorales desde el retorno a la democracia”, está muy lejos de ser el modelo de rectitud y transparencia que creíamos.
Al ver la lista en detalle, lo primero que uno se pregunta es ¿qué hace el Tribunal Electoral con la información que se recibe en ese montón de columnas llenas de letras y números? Para comenzar, es difícil entender que no salten las alarmas de los fiscalizadores, cuando hay donaciones que ni siquiera cuentan con un recibo. Del mismo modo, la columna de representante legal de las personas jurídicas parece ser un adorno del formulario, pues en 34 páginas se mantiene consistentemente en blanco. Hay también sociedades de la cuales no se incluye el Registro Único de Contribuyente, impidiendo saber realmente quién es el generoso que ojalá no espere un favor a cambio.
La identidad de los donantes es otro tema. Quienes sean no importa. De acuerdo con nuestra ley, cada quien puede donar lo que le dé la gana a quien le dé la gana, para que alcance el poder. Lo que vuelve a dejar en entredicho al Tribunal es que acepten donaciones reportadas como ACH o como cheque de gerencia, sin decir quién giró dichos fondos. Aunque no creo sea el caso, no existe manera en esa lista de demostrar que esos “acehaches” no fueran dinero de la cuestionada constructora carioca, o del Chapo Guzmán. Simplemente, no hay cómo saberlo.
Otra cosa difícil de entender son las donaciones en efectivo, si no es para que no quede rastro de que dicho dinero fue entregado a la política. En el sistema actual, en el que hay tantos controles para detectar dinero sucio, lo de donar dinero en efectivo no parece ni sensato ni transparente. Eso al margen de que, si cada vez que un político va a depositar un cheque por una cifra superior a 10 mil dólares, le hacen llenar tantos documentos como a cualquier hijo de vecino, la campaña tendría que tener un ejército de personas dedicadas solamente a llenar formularios para la Unidad de Análisis Financiero.
Por último, en un país tan pequeño como Panamá todo se sabe. Según me explicaron esta semana, muchas donaciones se entregaron a personas cuya función era “pasar el sombrero” entre quienes temían represalias del gobierno en funciones. Esos “recolectores” donaban, a nombre propio, protegiendo la identidad del donante original. Si eso es cierto, el valor de estas listas “oficiales” es muy escaso, pues existirían listas paralelas de “donantes verdaderos” para que el candidato supiera quiénes lo apoyaron.
Lo peor de todo es que estas inconsistencias que evitan obtener máxima transparencia en el financiamiento de las campañas ocurren dentro del marco que establece la ley electoral. Visto esto, se hace imperativo buscar fórmulas que eviten todo este desfile de millones alrededor de las campañas políticas. Una opción es que todas las donaciones se registren primero en el Tribunal Electoral, y este las entregue al candidato, haciéndolas públicas inmediatamente en un sitio web. Es poco probable que los políticos acepten eso. La otra, que parece ser la más lógica y que ya el presidente dijo que apoyaría, es que todo el financiamiento se haga a través del subsidio electoral usando dinero público. De esta forma se evitaría el potencial tráfico de influencias y favores que propicia el sistema actual. Todo esto va de la mano con reducir el tiempo de campaña a no más de 30 días. Así, si la magnitud de tiempo y dinero es menor, se garantizaría que se tuvieran que discutir ideas y no basar la elección en quien regala camisetas o cervezas.
Hay que felicitar y agradecer al presidente Varela por haber hecho pública esta lista y permitirnos ver, directamente, las carencias que tiene nuestro sistema. Ojalá los otros candidatos hicieran lo mismo, aunque francamente lo dudo. Pondrán muchas excusas, pero en realidad no lo harán, porque no les da la gana… Finalmente, “la ley no los obliga”… @drpichel
