No fui uno de los afectados, gracias a Dios, pero bien pude haberlo sido (siempre lo he dicho). El 12 de abril de 2018, un grupo de colegas capitantes de remolcador acudieron a laborar en la madrugada, con afán y como de costumbre, y con extrañeza se encontraron con la sorpresa de que no se les daba el número pactado, usual y acostumbrado de tripulación para asistir a los barcos en el Canal ampliado, en la posición Alfa; todo esto sin que mediara memorandum o aviso previo alguno. En desconcierto, muchos de ellos decidieron esperar hasta que se cumpliera con el dote correcto de tripulación, en lugar de asumir la responsabilidad de la asignación con un hombre menos. Por otro lado habían administrativos que monitoreaban la situación desde sus casas y permitían la demora en el paso de los barcos que transitaban ese día, causada por el desconcierto de los capitanes. De ninguna manera corregían lo actuado ni enviaban lo que honestamente correspondía.
Ante semejante desgreño, la ACP acudió esa misma mañana a los medios, a denunciar que “un grupito de capitanes”, según ellos, “por protesta, habían paralizado el tránsito de buques por el Canal de Panamá”.
Por semanas observábamos con impotencia cómo denigraban y acusaban injusta y deshonestamente a nuestro gremio. A la postre, se le abrió un proceso administrativo de “propuesta de despido” a cada uno de los capitanes afectados, que eventualmente derivó en sanciones de 60 o 70 días de suspensión sin sueldo. Para los no afectados, esto fue un escenario desmoralizante y aterrador, al observar cómo se desenvuelven deshonestamente las cosas en la principal empresa de Panamá, para la cual nos ha dado tanto orgullo laborar con decoro durante tantos años. Pensamos que el artífice y responsable de esta trampa era “el director de la orquesta” en esa época.
En el transcurrir de los años posteriores, esta causa fue elevada, como corresponde, por el sindicato ante la Junta de Relaciones Laborales (JRL), que en el ejercicio honesto de sus funciones dictaminó, a través de un fallo, que en efecto lo ocurrido era de responsabilidad exclusiva de la Administración del Canal de Panamá. Como es muy usual y acostumbrado, la ACP apeló este fallo ante la CSJ, quien luego ratificó, como es lógico, el fallo de la JRL.
El fallo de la JRL, ratificado finalmente por la CSJ, reestablece la asignación del tercer marino en la cubierta del remolcador Alfa. Sin embargo, parece ser que la nueva modalidad en la ACP es desobedecer y desacatar los fallos de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que ya van dos fallos que han salido de la más alta magistratura de justicia de Panamá, que hasta la fecha están injustamente en desacato. El otro fallo tiene que ver con la negociabilidad de lo referente a las operaciones de Canal ampliado (también como es lógico).
Ante semejante exabrupto tan lamentablemente deshonesto, pienso que corresponde a la propia Corte Suprema de Justicia imponer una sanción ejemplar y trascendentalmente correctiva. Pensemos que la ACP es, en realidad, los actores administrativos del momento, que actúan y administran en nombre de la ACP con responsabilidad jurídica y en aparente apego a los postulados corporativos de dicha empresa.
El autor es capitán de remolcador
