Digamos las cosas por su nombre: los dirigentes de Suntracs y algunos dirigentes magisteriales tienen como único objetivo acabar con nuestra democracia. La bandera que han enarbolado para alcanzar esa meta ha sido la derogación de la Ley 462. Señores, no sean ingenuos ni aprovechen una coyuntura política: por querer corregir deformaciones en el árbol, están dispuestos a quemar el bosque. Y después, no tendremos tierra fértil para rehacerlo.
Empiezo explicando. En 25 años de democracia, no he visto un proceso más participativo y transparente que el que resultó en la aprobación de la Ley 462. Hubo una amplia participación ciudadana a lo largo y ancho del país, sin objeciones en cuanto al derecho de intervenir. La transparencia con la que actuaron los diputados y el Órgano Legislativo fue ejemplar. Se sesionó de lunes a viernes, sin extenderse más allá de las 11 de la noche. Incluso los feriados de Carnaval y Semana Santa se respetaron.
El proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, recibió decenas de reformas. Fue aprobado por 48 diputados de distintas bancadas, tanto de gobierno como de oposición. Y las dos solicitudes más insistentes, presentadas tanto en la mesa de discusión como por las más de 400 personas que participaron, —no aumentar la edad de jubilación y no privatizar los fondos de la Caja del Seguro Social— fueron tomadas en cuenta.
Después de un proceso democrático y transparente de más de cinco meses, pedir la derogación de esta ley es un mensaje claro: esos grupos no buscan mejorarla, quieren imponer su visión o incendiar el país. El que no lo quiera ver es porque comparte sus intenciones.
Derogar la Ley 462, tras haber sido discutida como lo fue, es desconocer al principal órgano del Estado, la Asamblea Nacional, y con ello socavar los pilares de nuestra democracia. Equivale a clausurar la Asamblea y dejar el país en manos del caos, promovido por grupos de izquierda radical que no creen en la vía democrática.
Comprendo que muchos estemos cansados de los abusos de los gobernantes, de la corrupción, de la mala administración del Estado, de los problemas estructurales del sistema de salud y del deficiente servicio de agua —especialmente en los últimos tres gobiernos. Entiendo que el estilo del actual presidente moleste a muchos. Pero de ahí a caer en el juego de destruir la democracia, hay una gran distancia.
Además, quien dice luchar por el pueblo y al mismo tiempo afecta directamente a los más vulnerables no es honesto y tiene otras intenciones. Los más perjudicados han sido los estudiantes. Por eso resulta incomprensible que padres de familia apoyen esa aberración que es cerrar las escuelas. También han secuestrado una provincia, acabando con su principal fuente de empleo y afectando otra gran fuente de riqueza: el turismo. En Isla Colón —uno de los tres destinos más visitados por turistas extranjeros— llegaron incluso al extremo de intentar secuestrar a una turista.
El micro, pequeño y mediano empresario —responsable del 85% de las plazas de trabajo— está siendo gravemente afectado. Ese empresario de saco y corbata que tanto denigran, y que representa menos del 10%, tiene los recursos para irse a otro país cuando todo colapsa. Pero el pueblo se quedará sin empleo. ¿Ese es el verdadero objetivo? ¿Quemar el bosque?
Es triste ver cómo muchos dirigentes políticos han guardado silencio ante estos desmanes, por temor a que se les acuse de apoyar al gobierno. No, señores políticos —o politiqueros—, el gran perdedor es el ciudadano, a quien mañana le pedirán el voto.
Señores diputados, les exhorto a que salgan a defender la institución que representan. Jugaron un papel digno en la aprobación de esta ley. Hoy guardan un silencio incomprensible, mientras un grupo que quiere acabar con la democracia busca desconocer su actuación. No guarden silencio.
Aprendan de los dirigentes sindicales responsables y de los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas que sí han salido a pronunciarse, exigiendo respeto por Panamá. Ellos no están defendiendo a un gobierno; están defendiendo a la patria. Ojalá los dirigentes políticos pronto vean la luz.
El autor es odontólogo.
