El 25 de febrero de 2026, Panamá se convirtió en el primer país del hemisferio en firmar un memorando de entendimiento en salud bajo la Estrategia de Salud Global “America First” del gobierno de Donald Trump. Washington aportará hasta 22.5 millones de dólares hasta 2028 para VIH/sida, vigilancia epidemiológica y laboratorios; Panamá se compromete a aumentar su propio gasto sanitario en más de 11 millones. Le siguieron República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras y Bolivia; en el mundo ya suman 36 países.

Estos acuerdos tienen algo razonable: que cada país asuma progresivamente el financiamiento de sus programas es una meta que la salud pública regional defiende desde hace décadas. El problema está en el contexto y la arquitectura del modelo.

El contexto es la retirada del multilateralismo sanitario. Estados Unidos abandonó la Organización Mundial de la Salud en enero de 2026, desmanteló USAID y propone ahora eliminar su aporte a la Organización Panamericana de la Salud, que recibe de Washington la mitad de su financiamiento y acumula casi dos años de pagos atrasados. Los memorandos no complementan la cooperación multilateral: la sustituyen. Y traen menos recursos. Según el Center for Global Development, los países firmantes recibirán en promedio un 58% menos de lo que Washington comprometía en 2024.

La arquitectura es la de una rueda sin aro: un centro y muchos rayos que no se tocan entre sí. Cada país negocia por separado, sobre un texto estándar redactado en Washington, con plazos estrictos y consecuencias por incumplimiento. Los anexos sobre intercambio de datos y muestras biológicas no se han publicado, y el Departamento de Estado retiró de su sitio web los pocos textos que se habían divulgado. En Kenia, los tribunales suspendieron el acuerdo por su choque con la ley nacional de protección de datos. En la República Democrática del Congo y en Guinea, según Health Policy Watch, la firma estuvo atada a convenios de acceso a minerales estratégicos.

Nada de esto se parece a la cooperación sanitaria que ha dado sus mejores frutos en las Américas. La erradicación de la viruela, la eliminación de la poliomielitis y la del sarampión endémico se lograron con redes de laboratorios compartidas, vigilancia común y decisiones tomadas entre pares. Desde 1977, el Fondo Rotatorio de la OPS permite que países pequeños como Panamá compren vacunas al mismo precio que los grandes. Ningún acuerdo bilateral ofrece eso: el poder de compra conjunto exige lo que el modelo bilateral fragmenta. La pérdida del estatus regional de eliminación del sarampión, en noviembre de 2025, muestra lo rápido que se deshace lo construido cuando la acción colectiva se debilita.

Hay, además, una asimetría de propósito. El Departamento de Estado presenta el acuerdo con Panamá como una herramienta para contener amenazas sanitarias antes de que alcancen a Estados Unidos. Es legítimo que un país proteja a su población. Pero cuando la vigilancia se diseña según el interés del financiador, las prioridades nacionales —la malaria en comarcas y Darién, las enfermedades crónicas, la atención primaria rural e indígena— quedan en segundo plano.

Quienes hemos dedicado décadas a la cooperación internacional en salud sabemos que su eficacia no depende solo del dinero. Depende de la confianza que nace del intercambio horizontal: la epidemióloga chilena que capacita a su colega hondureño, el laboratorio de referencia brasileño que confirma un diagnóstico para Paraguay, el ministro que comparte una lección aprendida sin que nadie le imponga condiciones. Ese tejido, construido durante más de un siglo, no se reemplaza con memorandos.

El programa bilateral norteamericano no podrá sustituir la extensión ni la efectividad de una cooperación basada en relaciones entre iguales, sin condicionantes políticos ni económicos. Lo que propone es otra cosa: una relación desigual y excluyente, que promoverá la dependencia tecnológica —en plataformas de datos, equipos y protocolos ajenos— y la dependencia financiera de un donante que decide por sí solo cuánto, cuándo y para qué. Panamá puede firmar memorandos. Lo que no debe hacer es renunciar a defender, con voz propia, el multilateralismo sanitario que la región necesita.

El autor es médico salubrista, con más de 45 años en la salud pública internacional.