Es innegable, de un tiempo para acá, que a nivel de la administración de justicia en Panamá ha habido iniciativas positivas, después del gobierno presidido por Ricardo Martinelli, quien tanto se queja hoy de la justicia habiendo podido hacer tanto por mejorarla, aunque aún falta mucho.
Para quienes concurrimos con cierta frecuencia a los tribunales, cuando comparamos la forma en que se administraba justicia hace 50 o más años, en cuchitriles con cielorrasos donde se guardaban expedientes, con escasez de personal, con funcionarios que descaradamente solicitaban propinas para adelantar los trámites que las leyes ordenaban hacer, con limitaciones de espacio, de mobiliario, de comunicaciones, paredes sin pintura y muchas veces con comején; por supuesto, la administración de justicia era la última de las instituciones en recibir las partidas presupuestarias necesarias para un correcto funcionamiento y, así, mal instalada, con aposentos indecorosos salvo los de los magistrados de la misma Corte Suprema ubicados en la Plaza de Francia, antes Plaza de Chiriquí, nombre que debería recuperar para ser cónsonos con nuestra historia, siendo precisamente en ese sitio donde se materializó nuestra independencia de Colombia, la situación no ha cambiado mucho en cuanto a instalaciones que, con toda seguridad serían aún peores si no hubiera sido porque aquellos fatídicos días que siguieron a la invasión de 1989, funcionarios de ese Órgano del Estado, se dieron a la tarea de destruir sus instalaciones, borrar antecedentes, desordenar archivos, arruinar expedientes, quemar y botar documentos comprometedores o no, a tal punto que fue mucho más fácil y eficiente trasladar toda la Corte y los juzgados que había en la Plaza de Francia a otro sitio, escogiéndose al efecto las facilidades recientemente desalojadas del Hospital Gorgas en las faldas del Cerro Ancón.
Desde entonces el Órgano Ejecutivo ha adquirido inmuebles en su vecindario al punto de ser un complejo de oficinas en el Casco Viejo y no ya únicamente el Palacio de las Garzas, como era; el Ministerio de Relaciones Exteriores se mudó al inmueble, redecorado, en que se celebró el histórico Congreso Anfictiónico Bolivariano de 1826, la Asamblea Nacional cuenta con un edificio mucho mayor y más cómodo que el existente en 1989, alcaldías y gobernaciones en todo el país han pasado a mejores instalaciones con mejores oficinas, equipos y mobiliario, varios ministerios e instituciones descentralizadas han experimentado considerables mejoras, la planilla del Estado ha crecido en forma oportunista, injustificada y descarada. Hoy hay más hospitales, escuelas, fuerza pública, cuarteles de bomberos, juntas comunales, oficinas provinciales, distritales y regionales; hay más médicos, maestros, enfermeras, trabajadores sociales, casi todos mejor retribuidos y hasta con prebendas ocultas e insospechadas, pero la justicia sigue estando tan mal o peor en proporción a la población, que cuando Panamá clamaba por democracia, justicia y libertad. Puedo reconocer progresos sustanciales en materia de democracia y de libertad, pero respecto a la justicia, si antes andábamos a pie, hoy caminamos descalzos.
Mientras no tengamos justicia, por educación que haya, no habrá equidad y sin equidad no hay paz, ni progreso, ni bienestar, ni esperanza siquiera y, en últimas, como resumiera Benito Juárez, no hay vida en paz, cosa que nos recuerdan diariamente los cierres de calles, los crímenes que siegan vidas, los funcionarios que toman de las arcas nacionales lo que plazca a su codicia, con apenas fórmulas protocolares que poco disimulan sus ansias depredadoras, usando nombres como viático, subsidio y bono, para encubrir un vil robo.
A los responsables de que la justicia se fortalezca, es menester retribuirles bien sus esfuerzos y trabajo y no se trata únicamente de salarios y compensaciones individuales, se trata de que la maquinaria de la justicia funcione y lo haga muy bien en todos sus aspectos.
Si algo le ha salido caro a Panamá, ha sido la falta de justicia a la que siempre se le han asignado los menores recursos dizque porque es cara, pero es que como la educación, que no se ve, si cuantificamos su ausencia, es más cara que el perfil de rascacielos que distinguen el entorno de la bahía.
Y regatéandole al más importante de los valores en una sociedad las remuneraciones, instalaciones, tecnología, los recursos que le permitan ser eficiente, oportuna, enérgica y majestuosa, nos hemos convertido en una de las naciones con peores calificaciones en cuanto a virtudes. La justicia es un jardín que requiere recursos para su cuidado, luz, agua, aseo y también poda de los tallos secos y enfermos que la dañan.
Me resulta doloroso que entre los más elevados cargos y responsabilidades quienes sirven a la justicia perciben remuneraciones inferiores, con mucho, a quienes sirven a la banca, a las comunicaciones, a la generación de energía, a la minería, a la dirección de selecciones deportivas, a los juegos de suerte y azar, al transporte, a la publicidad y a tantas actividades, en fin, que a su vez sin leyes ni administración de justicia, serían más que menos la cultura de la depredación anárquica.
A la Justicia hay que elevarla tan alto o más que a la libertad y a la democracia que sin la primera, se están perdiendo.
El autor es abogado.
