El huracán María devastó Puerto Rico en 2017, dejando miles de muertos y una crisis humanitaria agravada por décadas de políticas económicas fallidas. La Isla del Encanto, territorio estadounidense desde 1917, nunca logró consolidar una economía estable. En los años previos al huracán, la consultora McKinsey asesoró al gobierno en la austeridad para la re estructuración de su deuda, externalizaciones y reducción de programas sociales, medidas que debilitaron la capacidad de respuesta ante la catástrofe.
Puerto Rico acumuló una deuda insostenible debido a la emisión masiva de bonos libres de impuestos, atractivos para inversiones estadounidense. Cuando en 2014 las agencias calificadoras degradaron su deuda a “basura”, Borinquen entró en quiebra. El congreso estadounidense creó la Junta de Supervisión Fiscal (ley PROMESA - Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act-,) para reestructurar la deuda, pero ciertos críticos la acusaron de actuar como un poder colonial.
McKinsey fue contratada para asesorar a la Junta, pero terminó dirigiendo gran parte del proceso político de la Isla del Encanto. Jóvenes consultores, muchos recién graduados de Harvard y otras universidades de élite norteamericana, fueron los terminaron diseñando reformas que incluían externalizaciones, recortes a la educación y salud, y precarización del trabajador en detrimento de conquistas laborales. Estas medidas generaron malestar social, evidenciando cómo las consultoras pueden imponer políticas contramayoritarias mientras los políticos evitan las rendiciones de cuentas y una democracia participativa.
Una investigación del New York Times reveló que McKinsey, a través de su filial McKinsey Investment Office Partners (MIO), poseía bonos puertorriqueños por $20 millones. Esto creó un conflicto de interés: mientras las consultoras asesoraban sobre cómo reestructurar la deuda, sus inversiones personales se beneficiaban de dichas decisiones. Aunque McKinsey negó el conocimiento interno de estas transacciones, la comisión de la Bolsa de Valores estadounidense (SEC) en noviembre de 2021, multó a MIO Partners por $18 millones por manejar información privilegiada.
El gobierno italiano liderado por Mario Draghi en 2021 decidió contratar a McKinsey para manejar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, valorados en €191.500 millones, mediante un contrato directo de sólo €25.000, lo que evitó la necesidad de licitaciones públicas (el código de contratos de Italia establece que no es necesario convocar una licitación para los acuerdos inferiores a 40.000 euros.). Esta decisión generó cuestionamientos sobre la transparencia y el proceso de selección, ya que otorgó a McKinsey una influencia significativa en políticas clave del país para la recuperación post covid-19, sin seguir el proceso competitivo habitual.
El caso de Puerto Rico ilustra un problema mayor que está pasando en Panamá con los bonos buitres revoloteando el istmo: las consultoras priorizan intereses de clientes privados (como fondos de inversión privado) sobre el bien público y una democracia participativa. Al asesorar gobiernos, pueden sesgar recomendaciones para no perjudicar a industrias lucrativas como farmacéuticas, corporaciones que usan fibra óptica o la banca bursátil, como en efecto ocurrió con la ley de reforma al seguro social y la lesiva ley 462.
Durante una crisis, las decisiones políticas del Ejecutivo definen quiénes se benefician y quiénes pagan los costos, moldeando el futuro de la sociedad y la economía. En la crisis financiera mundial de 2008, los gobiernos adoptaron enfoques diversos, como la nacionalización de bancos, la expansión cuantitativa, austeridad y estrategias para impulsar las exportaciones. Estas medidas crearon una matriz de ganadores y perdedores. En Estados Unidos, por ejemplo, investigaciones revelaron que la crisis afectó desproporcionadamente a los trabajadores y a los sectores más pobres.
McKinsey y otras firmas operan en una zona gris donde el poder comercial se superpone al que emana del pueblo. Su participación en crisis-ya sea en Puerto Rico; Italia o Panamá-muestra cómo externalizar decisiones claves erosiona la rendición de cuentas democrática. Los conflictos de intereses ya sean financieros o ideológicos, revelan que las consultoras no son actores neutrales, sino facilitadoras de un sistema que privilegia la financiarización sobre el bienestar social.
El autor es médico sub especialista.
