En las calles bulliciosas y coloridas de Colombia, una cruda realidad se esconde detrás de cada esquina: la desigualdad social y económica que perpetúa una crisis profunda. Los “don nadie”, aquellos ciudadanos invisibles para el sistema, son el testimonio viviente de una disparidad que socava los cimientos de nuestra sociedad.
Colombia es un país de contrastes. Mientras en algunas partes se alzan imponentes rascacielos y se desarrollan proyectos urbanísticos millonarios, en otras, la miseria y la pobreza extrema son el pan de cada día. La brecha entre los más ricos y los más pobres no solo se mide en términos económicos, sino también en oportunidades y calidad de vida. En las zonas rurales y en los barrios marginados de las grandes ciudades, el acceso a educación de calidad, servicios de salud adecuados y empleos dignos es casi inexistente.
La crisis social en Colombia sigue siendo evidente en el día a día de sus ciudadanos. El desempleo y la informalidad laboral afectan a una gran parte de la población, generando inestabilidad económica y social. Muchos colombianos deben recurrir a trabajos precarios para subsistir, mientras que el acceso a empleos dignos y bien remunerados es un privilegio reservado para unos pocos.
El sistema educativo, uno de los pilares fundamentales para la movilidad social, también refleja las desigualdades estructurales. Las escuelas y universidades públicas están crónicamente subfinanciadas, y los estudiantes de las zonas más pobres enfrentan barreras casi insuperables para acceder a una educación de calidad. En contraste, quienes tienen los recursos para acceder a instituciones privadas disfrutan de ventajas significativas que perpetúan el ciclo de desigualdad.
La violencia y la inseguridad son otras caras de esta crisis. En muchas zonas del país, la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico continúan siendo una amenaza constante. La población civil se encuentra atrapada en medio de estos conflictos, sufriendo desplazamientos forzados y violaciones de sus derechos humanos. La falta de una respuesta efectiva por parte del Estado agrava esta situación, dejando a los más vulnerables en una situación de indefensión.
La corrupción es otro mal que carcome el tejido social colombiano. Los escándalos de corrupción no solo desvían recursos que podrían ser utilizados para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, sino que también quiebran la confianza en las instituciones públicas. La impunidad con la que actúan muchos políticos y empresarios corruptos envía un mensaje desalentador a la ciudadanía: el juego está amañado, y los don nadie seguirán siendo ninguneados.
La crisis ambiental también añade otra capa de complejidad a los problemas de Colombia. La deforestación, la contaminación de ríos y suelos, y la pérdida de biodiversidad están afectando gravemente a comunidades rurales y pueblos indígenas. Estos grupos, que dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia, son los primeros en sufrir las consecuencias de un modelo de desarrollo que prioriza el lucro sobre la sostenibilidad.
En medio de este panorama desolador, surge la necesidad de un cambio radical. Las políticas públicas deben centrarse en la equidad y la inclusión, garantizando que todos los colombianos, sin importar su origen, tengan acceso a las mismas oportunidades. La inversión en educación, salud y empleo digno no es solo una cuestión de justicia social, sino también de desarrollo sostenible. Un país donde la mayoría de sus ciudadanos pueden prosperar es un país más fuerte y resiliente.
Es hora de que los don nadie dejen de ser invisibles. Es hora de que sus voces sean escuchadas y sus necesidades atendidas. Los don nadie merecen ser reconocidos y respetados, no como cifras en un informe, sino como seres humanos con sueños, aspiraciones y derechos. La historia de Colombia no puede ser solo la historia de unos pocos privilegiados; debe ser la historia de todos sus hijos e hijas, sin excepción.
“La desigualdad no es solo una estadística económica; es una realidad que margina, silencia y perpetúa la injusticia en nuestras sociedades”.
El autor es administrador público.
