Similar a los luditas, tejedores manuales ingleses inspirados por un supuesto Ned Ludd a inicios del siglo XIX quienes destruían telares mecánicos y otras maquinarias bajo la tesis que estos iban a crear desempleo, tenemos a ideólogos de hoy, creyentes en el valor supremo de la preservación a ultranza del medio ambiente, quienes se enfrentan, lanza en ristre, a la construcción de represas y contra las minas, entre otros.
Arguyen, no sin razón, que estas actividades generan externalidades negativas, es decir efectos nocivos al medio ambiente y a la calidad de la vida, sin tomar en cuenta que estas también hacen contribuciones positivas al bienestar colectivo y que existen tecnologías y políticas públicas que permiten mitigar efectos nocivos. Esta oposición a importantes inversiones se produce cuando el país enfrenta la necesidad de tomar decisiones sobre dos proyectos de gran magnitud e importantes repercusiones para el continuado crecimiento de la actividad económica, el financiamiento de nuestra economía frente al resto del mundo y el bienestar material de nuestra población. Amerita, a mi juicio, reflexionar sobre cómo analizar estos casos para tomar decisiones que maximicen el beneficio social.
Dado que el argumento principal contra las represas y, por analogía, contra las minas, son sus externalidades negativas, tiene sentido traducir al terreno práctico el significado del término. En su sentido más amplio, las externalidades son los efectos secundarios de una actividad de producción o consumo que no se reflejan en sus precios.
A manera de ejemplo: la tarifa eléctrica no incluye el costo de mitigar los efectos en la población y el medio ambiente de la contaminación producida por una generadora a carbón. Las externalidades cuantificables incluyen la degradación del aire que respiramos, la contaminación de las aguas, la extinción de especies animales y plantas, la deforestación y muchos otros que los ambientalistas señalarían.
Por otra parte, hay que tomar en cuenta los beneficios que producirían un embalse en el río Indio o la reactivación de la actividad minera. El Canal, con el conglomerado de actividades que su existencia facilita, aporta, según análisis de economistas panameños y externos, una cuota a la producción nacional del orden de la tercera parte del PIB.
No contar con el agua suficiente para la travesía de 38 naves diarias equivale, más que amputarnos una extremidad y renunciar a una parte substancial de los ingresos de divisas del país, desatender las necesidades de agua potable de cerca de la mitad de los habitantes del istmo, amén de poner en peligro las contribuciones de la ACP al Estado, que han fluctuado entre el 20% y 30% de los ingresos corrientes del Gobierno Nacional.
También hay que revisar la decisión sobre el cierre de la mina de Donoso, que no es lo mismo que condonar un contrato inconstitucional y contrario a los intereses nacionales. Una explotación minera requiere condiciones que garanticen la soberanía y jurisdicción panameña, la fiscalización eficaz de los efectos ambientales y una participación del Estado en los beneficios de la explotación congruente con el valor del recurso natural y las mejores prácticas de la minería mundial. En el mundo desarrollado existen explotaciones que cumplen con estos requisitos y, lo que toca, es inspirarse en sus códigos mineros para adaptarlos a nuestras condiciones.
La mina tiene impactos positivos que han sido mencionados hasta la saciedad, aunque se haya soslayado su aporte a la exportación que, además de contribuir a su diversificación reduciendo nuestra dependencia mayoritaria en los servicios, aporta al financiamiento de las transacciones de nuestra economía con el resto del mundo.
Restarle alrededor de 3 mil millones de dólares a nuestras exportaciones, significa una reducción del mismo monto en nuestra capacidad para pagar por nuestras importaciones, es decir una caída significativa en la calidad de la vida de los grupos humanos de Panamá, en especial de los de menores ingresos en la sociedad, mayoritarios, los más necesitados y los relativamente más afectados.
Una decisión racional respecto a estos dos proyectos requiere un análisis de la relación costo/beneficio de cada uno, incluyendo explícitamente en los costos todas sus externalidades negativas. Idealmente, la Autoridad del Canal de Panamá haría ese análisis para el proyectado embalse de río Indio y lo publicaría, tal como lo hizo para la construcción de las nuevas esclusas y el Ministerio de Comercio debería hacer otro tanto para la mina de Donoso. Con los resultados del análisis en mano, podríamos los panameños debatir, con datos duros, la conveniencia o no de cada uno de los dos proyectos y llegar a las decisiones que más convengan a la sociedad.
El autor es economista, fue ministro de Economía y miembro de la junta directiva del Canal.
