Del 3 al 14 de junio de este año se celebró en Ginebra, Suiza, la 112ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la participación de delegaciones tripartitas de sus 187 Estados miembros, incluyendo las delegaciones de empleadores, trabajadores y el gobierno de Panamá.
Como es costumbre, uno de los informes sometidos a la Conferencia es la memoria anual del Director General de la OIT, Gilbert F. Houngbo, titulada este año Hacia un contrato social renovado. Esta inicia con una frase contundente: “la justicia social sigue siendo un imperativo y una condición esencial para la paz universal y permanente”. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la justicia social “es el acceso equitativo a los derechos y oportunidades”, lo cual se logra a través de la promoción del “trabajo decente”, basado en cuatro objetivos estratégicos: “promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido; la protección social; la realización de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; y el diálogo social”.
En este sentido, vale la pena dar un vistazo desde nuestra perspectiva en Panamá y verificar cuál es la situación actual y tangible de los cuatro pilares mencionados, y si estamos haciendo lo necesario para que nuestros ciudadanos puedan acceder a un trabajo decente como base para alcanzar la justicia social.
Con relación a la promoción del pleno empleo, mantenemos una situación grave. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el año 2021 el desempleo se ubicó en 11.3%, en 2022 en 9.9% y en agosto de 2023 en 7.4%. Sin embargo, de forma reciente las autoridades de Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) han estimado que para el 2024 se incrementará en un 1.5% adicional, como resultado del cierre de operaciones de Cobre Panamá en noviembre de 2023. Aunado a esto, es ya conocido el alto índice de informalidad que se ubica para el 2023 en un 47.4%.
Lo anterior está muy ligado al segundo componente, la protección social, cuya crisis es evidente ante la eventual quiebra del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), que, de no ser atendida con reformas inaplazables, implicaría el agotamiento de sus reservas, el impago de las pensiones actuales y definitivamente la pérdida de esperanza de las futuras generaciones de recibir una jubilación.
En cuanto al tercer componente, si bien hay avances significativos en atención a que Panamá ha ratificado y reafirmado su compromiso con los Convenios Fundamentales de la OIT y sobre todo con la erradicación del trabajo forzoso y el trabajo infantil, es claro que es necesario fortalecer al Mitradel con los recursos para un adecuado y moderno sistema de administración del trabajo. Este es otro de los temas discutidos este año basado en el informe titulado La administración del trabajo en un mundo del trabajo en transformación.
Por último, en cuanto al diálogo social, quizás el componente más importante en la actual coyuntura, hoy más que nunca, como panameños tenemos el reto de superar los conflictos y dejar de lado intereses políticos y sectoriales, para abordar los temas de suma relevancia que hoy afrontamos, como: la crisis de la CSS, la crisis hídrica del Canal de Panamá, la reapertura de la mina, educación, salud, recuperación económica, deuda externa, etc.
Como vemos, aún tenemos mucho que avanzar para alcanzar la justicia social, que realmente no se trata de un mero concepto, ni de la bandera de un sector en específico, ni de la excusa para crear más subsidios. Para su efectiva realización, lo primero es crear las condiciones para fomentar la inversión y el empleo, para que las personas cuenten con un trabajo formal, digno y bien remunerado, esa es la realidad. Dejémonos guiar por estos principios, pero siendo pragmáticos, y como país retomemos el rumbo unidos hacia un mejor futuro.
El autor es abogado.
