Los pobladores de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, y de la comarca Ngäbe Buglé han caído en desgracia por partida triple. Primero, la naturaleza, impredecible, y la falta de sistemas de alerta temprana para la población pusieron literalmente de rodillas a 100,000 personas, a las que la falta de interlocutores políticos y de liderazgo popular ha mantenido en la más infame de las miserias. Un país que dice ser de los más ricos de Latinoamérica demuestra que destaca más en inequidad socioeconómica que en cualquier otro indicador global de salud económica.

El índice de desigualdad de Panamá (coeficiente de Gini de 0.506) refleja una paradoja: economía en expansión, pero con alta concentración de ingresos y profundas desigualdades estructurales. Abordarlo requiere políticas inclusivas, focalizadas y sostenibles que combinen crecimiento económico con equidad social. Lo que ha expuesto el terremoto del 9 de octubre no es solo la vulnerabilidad de las comunidades, sino su situación de pobreza, la apatía gubernamental y la invisibilidad de esos panameños.

La segunda ola vino del masivo apoyo de la población, que no dudó un minuto en llevar bolsas con víveres y demás artículos de primera necesidad para las poblaciones afectadas. Sin embargo, ese empeño quedó opacado por la figuración pública de influencers, grupos sociales, políticos de todo el país, gobiernos locales, representantes y, finalmente, el gobierno central y sus instituciones. Todos quieren formar parte de la ayuda sin coordinación, sin avisos precautorios, con duplicidad de funciones y exceso de autos, camiones y pick-ups, con artículos para una población que vive escasamente con una o dos comidas diarias y sin más artículos de cocina que una olla vieja en un fogón de leña. El exceso de comida y demás artículos de primera necesidad se verá igualmente afectado por los continuos movimientos de las comunidades a nuevos refugios y se convertirá en una marea de basura que representará una nueva afectación, de carácter ecológico, en esas prístinas comunidades de tierra adentro. Hemos llevado ayudas que se convertirán en desechos y excretas, sin capacidad de control, lo mismo que hemos hecho en zonas marginales de las grandes ciudades.

Y hablando de refugios y refugiados del terremoto, debo señalar la tercera ola de devastaciones que se ensañará contra estos refugiados en los próximos días, semanas y meses. En el corto plazo, las réplicas, las lluvias y los desprendimientos de masa vegetal son el mayor de los riesgos, tanto para la vida como para la infraestructura que permanece en pie. Las réplicas, que ya superan las 1,100, y las lluvias torrenciales propias de la temporada y del fenómeno conocido como «Super Niño» terminarán por arrastrar miles de toneladas de tierra y árboles ladera abajo sobre todo lo que encuentren a su paso. Ese material terminará en las cuencas de los ríos, donde podría generar cabezas de agua que inunden y destruyan todo a su paso, o quedar represado por piedras y palos hasta que algún desprendimiento o falla en la barrera natural provoque el desborde súbito de esas lagunas, como ha ocurrido en Santiago de Chile o en Nepal. En el mediano plazo, el aumento del calor asociado al «Super Niño» comenzará a disminuir los cauces de los ríos y reservorios, matando animales y reduciendo las cosechas de cualquier grano o vegetal susceptible al calor, lo que reducirá nuevamente la capacidad de alimentación de esta población de más de 100,000 personas. El puente de alimentación y de supervivencia de esas comunidades no termina con las réplicas; las réplicas de otra magnitud y origen seguirán sintiéndose en esas comunidades por muchos meses. Hay una ventana entre ahora y enero que debe ser bien aprovechada para organizar los nuevos refugios y movilizar a los refugiados para enfrentar estas amenazas.

Como experto en temas de gestión y reducción de riesgos climáticos y ambientales, sugiero identificar a los refugiados y sus propiedades mediante fotos y posicionamiento satelital, y reubicarlos, mediante un programa, en tres grandes puntos centrales de atención pública con acceso a servicios médicos, baños, carpas, mesas, sillas, personal de apoyo psicológico, educación para niños y jóvenes y orientación gubernamental. Con techo rígido —no carpas ni lonas mal amarradas— y con abundante ropa, agua y comida, se evitará que los refugiados quieran regresar a lugares altamente vulnerables. Esos puntos funcionarían además como únicos centros logísticos para recibir la ayuda pública y privada mientras se reconstruyen sus casas o se les reubica en nuevos asentamientos. Esta nueva estrategia de gestión de refugiados disminuiría la vulnerabilidad por menor exposición a riesgos, aumentaría la eficiencia de la respuesta, disminuiría costos y tiempos asociados a la entrega de la ayuda, apoyaría a quienes estén afectados en su salud física o mental, remitiría a las personas mayores a lugares mejor preparados para su atención médica, permitiría a los niños y jóvenes alejarse mentalmente de la catástrofe y, finalmente, facilitaría una mayor coordinación de todos los actores en esta terrible experiencia.

El autor es consultor sénior en riesgos, adaptación climática y desarrollo sostenible.