¿Por qué va perdiendo Luiz Inácio Lula da Silva? El domingo, el presidente de Brasil quedó en segundo lugar en la primera vuelta, con cerca del 45% de los votos válidos frente a aproximadamente el 47% del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente encarcelado. El Partido Liberal de Bolsonaro obtuvo además las bancadas más grandes en ambas cámaras del Congreso y cinco gobernaciones. Lula llega a la segunda vuelta del 25 de octubre con un desempleo cercano a mínimos históricos y con la inflación de 2025 más baja en siete años. Aun así, una encuesta de Quaest de principios de septiembre encontró que la violencia encabeza las preocupaciones de los brasileños (31%), por delante de la corrupción (20%) y de la economía (19%).
Para el lector panameño, la escena tiene poco de nuevo. La ronda 2026 del Barómetro de las Américas de LAPOP, con trabajo de campo en Panamá entre el 28 de octubre de 2025 y el 16 de enero de 2026, preguntó qué haría el entrevistado si las elecciones fueran esa semana. Apenas el 7% votaría por el candidato o partido del presidente José Raúl Mulino. El 53% votaría por la oposición, el 23% anularía su voto o votaría en blanco y el 18% no votaría.
¿Es este un problema de Mulino? Los datos apuntan al sistema. El partido de gobierno no ha superado el 10% de intención de voto en ninguna ronda desde 2016/17, bajo tres presidentes distintos. La medición, además, se mueve con lo que ocurre en las urnas: en la ronda de 2023, el 8% decía que votaría por el PRD, entonces en el poder, y en mayo de 2024 su candidato, José Gabriel Carrizo, obtuvo el 5.83% de los votos válidos, el peor resultado en la historia del partido.
Los resultados electorales confirman la tendencia. En 2009, Balbina Herrera, candidata del PRD durante el gobierno de Martín Torrijos, obtuvo cerca del 38% de los votos. En 2014, José Domingo Arias, el candidato de Ricardo Martinelli, sacó 31.4%. En 2019, José Isabel Blandón, del Partido Panameñista de Juan Carlos Varela, cayó al 10.84%, y en 2024 Carrizo no llegó al 6%. Desde 1994, ningún partido de gobierno ha retenido la presidencia en Panamá, de modo que la alternancia tiene ya tres décadas. Lo que cambió en la última es la magnitud del castigo: hasta 2014, el candidato oficialista perdía con más del 30% de los votos, y desde 2019 no pasa del 11%. La encuesta y las urnas se han movido juntas: desde 2016/17, el partido del presidente no pasa del 10% en el Barómetro, y su candidato no pasa del 11% en la elección.
Solo el 14% califica la gestión de Mulino como buena o muy buena. Quienes sí lo aprueban tampoco lo acompañan en las urnas: apenas el 28% de ellos votaría por su partido, mientras el 42% se inclinaría por la oposición. En el resto de la región, quienes aprueban al gobierno votan mayoritariamente por él (55% en promedio, 68% en el caso de Lula). La explicación panameña tiene raíces conocidas. Mulino llegó a la presidencia como sustituto de Ricardo Martinelli, con el 34.23% de los votos en una elección a una sola vuelta, al frente de una alianza construida en torno a otro liderazgo y sin posibilidad de reelección inmediata. A eso se suma un electorado que ya no se ancla en los partidos: la identificación partidaria cayó al 20%, desde el 34% en 2023 y el 46% en 2014, y el 90% de los panameños dice que el sistema político necesita cambios mayores o reformarse por completo, una de las cifras más altas de la región junto con Perú y Paraguay.
La tendencia regional ayuda a entender el caso panameño. En los 16 países latinoamericanos que el Barómetro midió tanto en 2008 como en 2026, la intención de voto por el oficialismo cayó en promedio del 39% al 27%; la mayor parte de esa caída ocurrió hacia la ronda de 2016/17, y el nivel se ha mantenido bajo desde entonces. Parte de la ventaja de 2008 se debió al auge de las materias primas, que favoreció a los gobiernos de países exportadores con independencia de sus políticas, pero ese auge terminó hace una década y el respaldo a los oficialismos no se ha recuperado. La aprobación casi no se movió: el 38% calificaba la gestión del presidente como buena o muy buena en 2008, y el 36% en 2026. El cambio ocurrió en el centro de la escala. En 2008, el 29% de quienes calificaban al gobierno como «ni bueno ni malo (regular)» pensaba votar por el oficialismo; hoy lo hace el 16%. Durante años, un «regular» alcanzaba para aprobar la materia en las urnas, y en buena parte de América Latina hoy equivale a reprobarla.
Cuando se levantó la encuesta, Panamá cerraba la tabla regional. Entre los 16 países medidos, solo Perú registraba un respaldo comparable (8%), bajo el gobierno interino que siguió a la destitución de Dina Boluarte y antes de las elecciones que ganó Keiko Fujimori; la diferencia entre ambos caía dentro del margen de error. Incluso Lula, ya a la defensiva en Brasil, conservaba entonces el 31%.
Los gobiernos que superan esa vara son los que los votantes premian en el tema que más les pesa. En El Salvador, donde la guerra de Nayib Bukele contra las pandillas redujo los homicidios a un alto costo para las libertades civiles, el 65% votaría por el oficialismo. En Costa Rica, encuestada a finales de 2025, el oficialismo de Rodrigo Chaves aventajaba a la oposición por un 42% frente a un 27%, y en febrero su sucesora, Laura Fernández, ganó en primera vuelta con la promesa de extender su política de seguridad. En Colombia ocurrió lo contrario: el gobierno de Gustavo Petro perdía 22% a 32%, y la presidencia pasó a la oposición.
En Panamá, el gobierno apostó buena parte de su capital político a la reforma de la Caja de Seguro Social. Mulino sancionó la Ley 462 el 18 de marzo de 2025, y siguieron meses de huelgas, con el paro bananero de Bocas del Toro como episodio más costoso. El trabajo de campo de la encuesta se realizó pocos meses después. Puede que la reforma resulte necesaria para las finanzas del país, como sostiene el gobierno, pero los votantes evalúan lo que sienten en el bolsillo y en el barrio, y en ese examen el oficialismo saca un 7%.
¿Qué está en juego? Quien gane en Brasil el 25 de octubre gobernará un país donde tres de cada diez votantes no querían a ninguno de los dos bandos a principios de año. Panamá ya vive en ese punto. Si la tendencia se mantiene, el próximo presidente llegará en 2029 con un tercio de los votos y, como sus predecesores, terminará con una intención de voto de un solo dígito. Para los panameños, el costo es un sistema en el que ningún gobierno acumula el respaldo necesario para sostener reformas que tardan más de un quinquenio en rendir frutos, y en el que cada elección abre la puerta a quien prometa barrer con todo.
Nota: Los promedios regionales cubren 16 países latinoamericanos encuestados en 2008 y en 2026; se excluyen Cuba, Nicaragua y Haití. En Bolivia, Chile, Honduras y Perú, el trabajo de campo se realizó después de un cambio de presidente, por lo que las respuestas se refieren a los nuevos gobiernos (en Perú, al presidente interino José Jerí).
El autor es profesor de ciencias políticas, Universidad del Norte de Tejas en Dallas.
