En 1982, a cuatro pupilas, le pregunté al expresidente Arnulfo Arias por qué, con tanto liderazgo y arraigo popular, no había concluido sus tres mandatos. Respondió, evidentemente molesto: “No pude lograr la separación de los poderes del Estado ni el principio de peso y contrapeso; el poder real estaba en los cuarteles y la oligarquía”. Desde entonces, soy un estudioso de nuestros temas constitucionales. Los panameños vivimos aferrados al hoy, nos da temor lo desconocido, preferimos lo inmediato, abrazados a lo seguro, al statu quo, aun en descomposición, antes que atrevernos a cambiar lo que huele tan mal y nos hace daño.
La propia Asamblea, como cuerpo colegiado, confiesa ser rehén del sistema de corrupción que allí encontró y con raíces profundas, hoy en plena metástasis. En la Asamblea, el que no participa del robo, “no se reelige”, porque el propio sistema lo expulsa.
Hemos llegado al extremo de ciudadanos que responden en las encuestas que los políticos roben siempre que realicen obras, o sea ¡no se lo roben todo! Las luces largas han sido sustituidas por el parking light, todos nos hacemos los tontos mientras los políticos se están robando los dineros destinados para la educación, salud, agua, energía y agricultura para producir los alimentos de los panameños.
La actitud es el conformismo de esperar las próximas elecciones sin importarnos que la Constitución está podrida, lista para corromper igual a los que ganen las elecciones el 5 de mayo de 2019, y ver ¡que hay pa’ mí!
La metástasis comienza a invadir al ciudadano común, amigos honorables como Federico, Carlos, Berroa , Blandón y Correa, me han señalado como el responsable de impulsar un golpe de Estado y que estoy asesorando en ello al presidente Juan Carlos Varela. No he visto ni conversado con el presidente desde el 30 de octubre, hace 7 meses, para un tema sobre mi pensión mutilada y otros 50 pensionados afectados ¡y sigue mutilada! Ahora en la Corte Suprema, esperando seis meses por un fallo. Sin embargo, como ciudadano, estoy totalmente de acuerdo con el llamado del señor presidente a la asamblea constituyente paralela, según el artículo 314, que es lo conveniente para la República y en buena hora. Aquellos que se oponen, lo hacen por cálculos políticos, al perder una bandera y palanca electoral. No hay sustancia ni talento político en los argumentos de los que se oponen al llamado del presidente, más bien sorprendidos y me incluyo, pues pensaba que no se atrevería.
Precisamente, le pregunté al amigo Federico si el suscrito sugiere poner en pausa al órgano mas afectado por la corrupción y además que se opone a ratificar la decisión del presidente, entonces me tildan de golpista. Ahora bien, si hacemos un sondeo en mil ciudadanos y 950 recomiendan “no pausa”, sino cerrar la Asamblea, ¿cómo les denominaría a estos 950 panameños?
Finalmente, no soy un iluso para desconocer que del Órgano Ejecutivo y del presidencialismo crónico emanan la corrupción, la compra de conciencias y la descomposición moral de nuestra clase política, principalmente por conducto del presupuesto. Debemos reconocer que el gran tumor que irradia metástasis reside por más de cinco administraciones en la Presidencia, y el propio presidente Varela así lo acepta con el llamado de una constituyente paralela.
Desde allí se manipula a la Contraloría General, magistrados, procuradores y el tranfuguismo de los diputados. La reelección indefinida de los diputados y designación de los mandos en la fuerza pública ya no debe ser por antojos políticos y compadrazgos, deben ser escogidos y nombrados, respetando el escalafón de antigüedad y méritos, son materias constitucionales que necesitan urgente reparación, y eso debe corresponderle a la constituyente paralela, y no hay que esperar por el próximo gobierno.
Al presidente Varela le respalda la Constitución para diseñar, desde hoy, la quinta papeleta que solo debe ser para el “sí” o el “no” si el pueblo quiere una nueva Constitución, y no incurrir en precipitación o imprudencia política, al pretender ese mismo día de las elecciones de 2019 para elegir al presidente, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento, y además escoger a los 60 miembros de la constituyente. En ese momento no se conocería aún el resultado de la quinta papeleta. Luego el mandatario tiene 60 días para desarrollar las leyes sobre el calendario de actividades con sus respectivas fechas, fijando el día de la elección de la constituyente paralela y fechas calendario para la instalación y juramentación; presentación del proyecto de la nueva Constitución, la extinción automática de la constituyente paralela y el referéndum para ratificar la nueva Constitución.
Todo este calendario de actividades es de obligatorio cumplimiento por el nuevo presidente y su gobierno, sin alteración, por mandato del soberano en la quinta papeleta.
El autor es ex comandante de la Guardia Nacional y ex ministro de Desarrollo Agropecuario.
