El acercamiento entre Estados Unidos (EU) y Cuba ha causado una mezcla de cauteloso júbilo y escepticismo. Hay quienes creen que el deshielo podría propiciar cambios en la vetusta dictadura castrista y otros temen que las concesiones de Washington le den más oxígeno al modelo castrista.
Hablando de modelos políticos, precisamente los acuerdos entre Obama y Raúl Castro han suscitado comparaciones con el nuevo comunismo chino, que combina un capitalismo controlado por el Estado con un eficiente aparato represor.
De hecho, el Presidente estadounidense ha señalado que no se hace ilusiones en lo referente a la sistemática violación de los derechos humanos en Cuba. Y la propia Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, ha dicho que el problema de los derechos humanos no será una condición en el avance de las conversaciones cuando viaje a Cuba en enero.
Y, a la luz de las detenciones de activistas hace menos de una semana para impedir un acto a favor de la libertad de expresión en la Plaza de la Revolución, es evidente que para el Gobierno cubano la calle sigue siendo suya. Sencillamente, en esta era de engagement con la dinastía de los Castro, el énfasis se ha puesto en el discutible fracaso de las políticas de EU y no en el probado fracaso de un régimen despótico que pronto cumplirá seis décadas en el poder.
Pero volvamos a China, pues es un ejemplo que parece tranquilizar la conciencia de muchos que hablan del alivio que acarrearía a los cubanos copiar su remozado comunismo. Una corriente de pensamiento que tiene que ver con el dicho de “Guatemala o Guatepeor”. Se renuncia a la batalla por la libertad y la verdadera democracia para acomodarnos en un terreno movedizo y turbio. Medio mundo negocia con los chinos y no hay reparo en hacer inversiones en un país donde las condiciones laborales de los trabajadores son de esclavitud y la corrupción institucional de la nomenclatura comunista es endémica.
Pero a lo que de verdad se renuncia es a repudiar y sancionar a un sistema que tiene el presidio político lleno de disidentes; que mantiene acorralado a servidores de búsqueda de información como Google; o que, por ejemplo, acaba de condenar a un año de cárcel al cineasta Shen Yongping por un documental sobre la Constitución china como parte de un movimiento civil que le exige al gobierno de Xi Jingping que acate las leyes constitucionales.
Desde que el actual mandatario chino tomó las riendas en 2012, se han intensificado los arrestos a activistas. Yongping, por cierto, está en prisión desde abril, cuando se cumplió el aniversario número 25 de la matanza de Tiananmen.