En el último mes, uno de los temas discutidos en el Legislativo ha sido el anteproyecto de mala praxis médica, que tiene como principal abanderado al diputado Javier Ortega (alias Patacón). Según lo que dice el proyecto, lo que se busca es “humanizar” la atención médica y los servicios de salud, procurando “los más altos estándares de calidad y calidez”.
Toda esa palabrería termina siendo el marco teórico para un proyecto que tendrá como consecuencia la judicialización de la atención médica.
Sobre ese tema ya existen normas que incluyen en su aplicación las consecuencias de la atención sanitaria. En Panamá se han dado demandas que fueron falladas a favor de los pacientes y sus familias. De allí que una legislación especial aplicable solamente a la atención de la salud no parece necesaria.
Quienes defienden la necesidad de semejante ley comienzan hablando de “los prestadores de servicios de salud”, pero terminan hablando de “los médicos”, generando justificadas suspicacias sobre la verdadera intención de la ley. Además, con un sistema público tan deficiente, es absurdo que se pretenda culpar al personal de un resultado que, en buena parte, depende de las carencias del sistema. Yo propondría que solamente se pueda culpar al personal de un mal desenlace en instalaciones que estén debidamente acreditadas y que cumplan con todas las normas y reglas de calidad. Mientras, Comenenal se ha opuesto a la propuesta de ley, pero, desafortunadamente, están tan desprestigiados que ni los mismos médicos los consideran interlocutores idóneos para representarlos.
Los médicos, como cualquier otro profesional, podemos cometer errores en nuestro trabajo. Nadie es infalible, especialmente en situaciones donde los resultados dependen en buena parte de la interacción entre la decisión clínica y la respuesta orgánica particular de cada paciente. Penalizar hasta con seis años de cárcel un resultado que puede depender de la respuesta idiosincrásica de cada paciente, solo traerá como consecuencia que se practique la indeseable “medicina defensiva”. Esa medicina basada en el “por si acaso”, favorece el incremento incontrolable en el costo de la atención. De hecho, los absurdos que se pagan por la medicina en Estados Unidos en buena parte se atribuyen a esos procedimientos y estudios “defensivos”, y a los seguros de mala práctica que florecen en un sistema con medicina judicializada.
El mejor ejemplo de esa judicialización de la medicina es cuando escuchamos en la televisión que quienes toman anticoagulantes, si tienen un sangrado, pueden comunicarse con un bufete de abogados para participar de una demanda contra la empresa que fabrica los medicamentos. Semejante proposición es repugnante, tomando en cuenta que el efecto clínico deseado en un anticoagulante implica, necesariamente, el aumento del riesgo de sangrado.
Es necesario que una propuesta de este tipo sea analizada en detalle, pues puede comenzar una cadena de eventos que terminen deshumanizando aún más la atención de salud, incrementando sus costos sin control.
De allí que lo de crear una ley solamente porque algunos quieren encontrar culpables ante un desenlace no deseado, no sea buena idea...
El autor es cardiólogo