La responsabilidad médica tiene raíces antiguas. En el Código de Hammurabi (1750 a.C.) se imponían castigos severos a los médicos por sus errores, incluso la amputación de manos, reflejando un enfoque retributivo. En la Grecia clásica, el Juramento Hipocrático introdujo principios éticos como el de no causar daño, mientras que en Roma el Corpus Iuris Civilis estableció la compensación económica por daños. Durante la Edad Media, la Iglesia y los gremios regularon la práctica en Europa, y en el mundo islámico, pensadores como Avicena promovieron sanciones morales y jurídicas. Con el Renacimiento y la Ilustración surgieron estatutos que penalizaban la negligencia, refrendados en el siglo XIX en la codificación napoleónica. En el siglo XX, tras los abusos médicos de la Segunda Guerra Mundial, el Código de Núremberg y la Declaración de Helsinki fortalecieron las normas internacionales de ética médica, combinando sanciones penales, civiles y administrativas.
En Panamá, el Código Penal de 1982, reforzado por las reformas de 2007, ya tipificó delitos vinculados a la imprudencia y la negligencia profesional. En el ámbito civil, el Código Judicial contempla indemnizaciones por daños derivados de actuaciones médicas indebidas. Es decir, ya existen mecanismos legales para sancionar la mala praxis sin necesidad de una ley especial. Por otro lado, el desarrollo de la telemedicina, la inteligencia artificial y la biotecnología plantea nuevos dilemas legales: ¿quién es responsable si un error proviene de un algoritmo o de un dispositivo médico autónomo? La jurisprudencia debe adaptarse constantemente a estos retos.
En septiembre de 2025 se presentó en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley para tipificar la mala praxis médica como un delito específico. El debate ha polarizado a la sociedad. La Asociación Médica Nacional rechaza la propuesta, alegando que crearía una duplicidad normativa y aumentaría el riesgo de persecución hacia los profesionales de la salud. Advierten que, en lugar de mejorar la atención, podría incentivar la medicina defensiva y deteriorar la confianza médico-paciente.
Por otro lado, organizaciones de víctimas de negligencia apoyan la iniciativa, reclamando mayor transparencia, peritos idóneos y acceso a la justicia. La discusión se enmarca, además, en un contexto de frustración social ante la crisis del sistema de salud panameño: hospitales saturados, carencia de insumos y déficit de especialistas. Algunos analistas sostienen que la propuesta responde más a un impulso populista punitivo que a una solución real a los problemas estructurales.
Otros advierten sobre el peligro de judicializar cada acto médico sin distinguir entre errores inevitables y negligencia comprobada. Esto podría desincentivar la práctica en áreas de mayor riesgo y aumentar los costos del sistema, afectando sobre todo a los pacientes. La criminalización de la mala praxis, por sí sola, no contribuiría a mejorar la calidad de la atención ni la seguridad del paciente, sino que abriría una fisura entre la profesión médica y la ciudadanía, debilitando la posibilidad de alcanzar un consenso indispensable para una reforma profunda del sistema de salud. La historia de la regulación muestra que la solución no está en castigos más severos, sino en un marco equilibrado que combine responsabilidad, prevención y justicia.
Desde los primeros códigos legales de la humanidad hasta los debates legislativos contemporáneos en Panamá, se aprecia una constante: la búsqueda de un equilibrio entre la autoridad del médico, el derecho del paciente a la seguridad y la necesidad de un sistema de salud eficiente. Panamá ya cuenta con mecanismos legales para sancionar la negligencia médica, por lo que una ley específica corre el riesgo de ser redundante y contraproducente. Lo que el país necesita con urgencia es mejorar la formación de sus profesionales, actualizar la normativa tomando en cuenta los avances tecnológicos, garantizar condiciones de trabajo adecuadas y fortalecer la gestión del sistema de salud. Solo así se podrá construir una política que proteja efectivamente a los pacientes sin paralizar a los médicos, contribuyendo a un sistema más justo, eficiente y humano.
El autor es médico salubrista.
