La malaria es una enfermedad que, aunque prevenible y curable, continúa afectando a miles de personas en las zonas rurales de Panamá. En lo que va de 2025, según datos del Ministerio de Salud (Minsa), el área de Panamá Este ha registrado 3,923 casos confirmados, con 133 de ellos solo en la semana epidemiológica número 13. Las comunidades de Chepo, Tortí y las áreas limítrofes con Darién siguen siendo focos activos de transmisión.
Este fenómeno no ocurre al azar. Las condiciones geográficas y sociales del área —altas temperaturas, cuerpos de agua, viviendas dispersas y acceso limitado a servicios de salud— favorecen la proliferación del mosquito Anopheles, vector del parásito Plasmodium vivax, el más común en el país. A ello se suma la movilidad de poblaciones indígenas y migrantes, que enfrentan múltiples barreras para recibir atención oportuna.
Durante el año 2024 trabajé como técnica en control de vectores en el corregimiento de Tortí, una de las zonas más golpeadas por la malaria. Junto a otros colegas, llevamos a cabo tareas de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta (DTIR) en comunidades de difícil acceso como Naca, Puerto Limón, Río Sábalo, Nargandí y Río Diablo. En estos lugares, recorrer horas por trochas para llegar a una vivienda no es raro. Muchas veces, la única forma de lograr un diagnóstico temprano es llevando la salud hasta donde está la gente.
Fui testigo de cómo acciones sencillas —como entregar mosquiteros impregnados o realizar charlas sobre prevención— pueden marcar una diferencia significativa. Sin embargo, no basta con intervenir una sola vez. La malaria exige seguimiento constante, logística robusta y voluntad institucional. Las comunidades están dispuestas a colaborar, pero necesitan sentirse acompañadas, no olvidadas.
El repunte de casos también ha impactado otras regiones como Darién, Guna Yala, Ngäbe-Buglé y Emberá-Wounaan. En lo que va del año, ya se han reportado dos defunciones: una adolescente de 15 años en Panamá Este y un niño de 10 años en Veraguas. Son las primeras muertes por malaria desde 2017. Este retroceso debe alertarnos.
El Minsa ha reforzado sus acciones con fumigación intradomiciliaria, control larvario, pruebas rápidas y promoción de la salud. Pero la realidad del terreno es más compleja de lo que reflejan los informes. Las distancias, las lluvias, los caminos intransitables y la falta de recursos humanos y materiales dificultan el cumplimiento de las metas.
Desde mi experiencia, insisto en que la prevención comunitaria y la detección oportuna son nuestras mejores herramientas. Pero no pueden sostenerse sin inversión continua: necesitamos capacitación, transporte, equipos y personal comprometido en las zonas más remotas. También urge fortalecer el vínculo entre las autoridades sanitarias y las comunidades, para que las intervenciones sean culturalmente pertinentes y sostenibles.
Reitero algunas recomendaciones simples pero efectivas:
Usar mosquiteros, sobre todo durante la noche.
Eliminar criaderos de mosquitos en patios, charcas o recipientes con agua estancada.
Acudir al centro de salud ante fiebre persistente o escalofríos.
Participar en las jornadas de fumigación y colaborar con los técnicos.
La malaria no se erradicará desde una oficina ni desde un hospital urbano. Se necesita una respuesta integrada que incluya a la comunidad, a los técnicos en el terreno y a un sistema de salud fortalecido y humano. Cada acción cuenta. La prevención empieza en casa, pero debe llegar con el respaldo firme del Estado.
La autora es técnica en control de vectores.
