Panamá siempre ha gozado de una posición geográfica envidiable para aquellos países que ven en la industria marítima una pieza clave de su motor económico. Pero esa ventaja natural no es eterna: requiere de infraestructura moderna, visión a largo plazo y decisiones oportunas. Y hoy, el país se enfrenta a un punto de inflexión: continuar postergando la ampliación de su capacidad portuaria o asumir con seriedad el reto de expandir y modernizar su plataforma logística.
En ese contexto, licitar el puerto de Corozal a la mayor brevedad posible es imperativo, ya que dotaría al sistema portuario de unos 4-6 millones de TEUs adicionales en el corto plazo, atendiendo así la urgente e impostergable necesidad de expandir la capacidad portuaria en las ya congestionadas operaciones de los puertos nacionales. A su vez, en un contexto donde hace falta generar empleos y estimular la actividad económica del país, el puerto de Corozal es una gran oportunidad para atraer inversión privada y crear empleos, tanto durante su construcción como en su operación, debido a las actividades y servicios que se generarán para atender un mayor flujo de contenedores por el sistema portuario panameño.
Del plan a la acción
En 2016, tras nueve años de construcción, Panamá celebró la expansión del Canal, pero desde entonces no se ha realizado ninguna inversión relevante para ampliar la capacidad portuaria que acompañe esa obra monumental. La expansión del Canal aumentó la capacidad de tránsito de buques de mayor tamaño, pero la infraestructura de los puertos no creció a la par. Esta desconexión entre infraestructura canalera y portuaria representa hoy una brecha estratégica que Panamá no puede darse el lujo de ignorar, porque el 90% de su negocio marítimo es el transbordo, y porque los países competidores de la región han anunciado, en su conjunto, inversiones en infraestructura portuaria por más de $13 mil millones en los próximos 5 años para robárselo.
En 2015, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) intentó corregir esta situación con la licitación del puerto de Corozal, pero el proceso fue saboteado por más de 20 demandas interpuestas por otras terminales portuarias, que buscaban bloquear la licitación pensando en su beneficio propio y no el del país. El resultado fue una parálisis institucional y la eventual cancelación del proceso. Desde entonces, Corozal ha sido una promesa en pausa, que hoy más que nunca debe concretarse para que Panamá siga siendo competitivo y relevante. Mientras los puertos panameños operan a niveles de congestión que no garantizan eficiencias a las navieras, expertos internacionales, como la consultora británica Drewry, prevén un crecimiento anual en el tráfico de contenedores en América Latina de 3.2% entre 2024 y 2028.
La licitación y construcción del puerto de Corozal representa una respuesta concreta a esa urgencia. Está concebido para operar directamente en el área del Canal de Panamá, con acceso privilegiado al ecosistema logístico de la ribera oeste; próximo a Panamá Pacífico, parques industriales, zonas francas, centros de distribución regional. Es, en esencia, la pieza que falta para robustecer la competitividad de este circuito logístico, que hoy en día sufre por la incertidumbre de procesos y pugnas geopolíticas y comerciales que no deben desviarnos de la necesidad de avanzar y licitar Corozal como medida urgente y primordial.
Es hora de licitar
El anuncio del presidente José Raúl Mulino el pasado 24 de julio, instruyendo a la ACP a acelerar la licitación de Corozal, fue una señal política importante y positiva que hoy parece estar un poco más cerca de concretarse: la ACP informó recientemente un robusto plan de inversiones que incluye, entre otros activos importantes (como un puerto en Isla Telfers en Colón), la construcción del puerto de Corozal. Pero no basta con el anuncio del plan. Este proyecto requiere de una ejecución urgente, técnica y transparente, y gran parte del trabajo ya se hizo en 2015.
Ahora bien, el reto para Corozal radica en la necesidad de realizar inversiones significativas para hacer realidad la nueva instalación y las oportunidades que representa (en términos de negocio, desarrollo y empleo). Resulta jurídicamente procedente y estratégicamente necesario incorporar en el marco contractual -pliego de cargos y en el respectivo contrato- el concepto de pago por volúmenes de carga garantizado como mecanismo que permita establecer compromisos mínimos de operación por parte del concesionario, alineados con los intereses estratégicos y financieros del Estado, y así garantizar y maximizar el beneficio económico de la ACP y el del país.
Para la ACP, el modelo más beneficioso es el otorgamiento de una concesión portuaria en régimen BFOT (Build-Finance-Operate-Transfer) que permite que una empresa privada financie, construya y opere una terminal de contenedores por el período legalmente establecido (20 más 20 años), transfiriéndola a la ACP al final de la concesión. Esto ofrece importantes beneficios para la ACP, como inversión sin uso de recursos públicos, transferencia de riesgos al concesionario privado, modernización sin endeudamiento, generación de ingresos, acceso a tecnología de punta y eventual recuperación de la infraestructura en buen estado.
Por otra parte, mediante el formato DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-Transfer), utilizado a menudo en licitaciones gubernamentales para nuevas terminales portuarias, hay un énfasis especial en el diseño como responsabilidad del concesionario. Para un operador que puede asegurar la cantidad mínima de volúmenes necesarios, este modelo proporciona las garantías necesarias de que el negocio será sostenible y asegura un nodo estratégicamente importante, al tiempo que ofrece un retorno financiero de acuerdo con las normas de un Estado competitivo.
Para los usuarios del puerto, como exportadores, importadores y operadores logísticos, este modelo trae servicios más eficientes y confiables, menores tiempos y costos operativos, mayor capacidad portuaria, mejor conectividad y, en consecuencia, una mayor competitividad para el comercio exterior del país. Además, al aumentar la oferta de servicios portuarios, se podrán crear nuevos y necesarios puestos de trabajo, que tanta falta hacen para la sociedad y para reactivar la economía panameña.
El autor es economista.
