El cierre abrupto de la mina Cobre Panama podría ser económicamente desastroso. Los números lo comprueban con la pérdida de 7,300 empleos directos y $300 millones en salarios; además de 40,800 empleos indirectos, del 4.8% del PIB, $899 millones de compras en insumos locales, $120 millones de cuotas al Seguro Social, un 76.6% de las exportaciones de bienes y alrededor de $375 millones anuales en regalías a partir de 2024, según estudio realizado por el Conep. Si bien es cierto que la desaparición de la mina fortalece el camino hacia la pérdida del grado de inversión, no es el único factor.
Peor que éste ha sido el derroche infame de fondos públicos, la aprobación de presupuestos estatales inflados y desequilibrados, la falta de prioridades en su ejecución, el aumento descabellado de la planilla estatal, el desorden y descontrol en la entrega de subsidios y el despilfarro clientelar y corrupto, para concluir con un desproporcionado endeudamiento público. Actos irracionales que han forzado al gobierno a decir que reducirán el desatinado presupuesto 2024.
Panamá tiene hoy una llaga en el medio del corredor mesoamericano, que, frente a la inconstitucionalidad, no podrá desinfectarla para eliminar ese vertedero de un día para otro y, al mismo tiempo, atender una multimillonaria demanda internacional con posibilidades inciertas. Tendremos que afrontar el cierre de la mina, la pérdida de empleos, cuotas, regalías, grado de inversión y el manejo de un arbitraje costoso, frente a lo que será tal vez, la cloaca más grande del mundo. Quienes hemos señalado nuestras aprehensiones al contrato minero y sus posibles vicios de inconstitucionalidad, debemos también estar anuentes al tiempo y lugar cuando esa inconstitucionalidad sea decretada, de ser el caso, para afrontarla.
Minera Panama debería aceptar un plan de preservación y gestión segura (cuido y mantenimiento), de acuerdo a la legislación panameña (lo que se asimilaría al plan de cierre establecido en el contrato, pero declarado inconstitucional de ser así), porque la licitación no aplicaría, al decretarse y sancionarse formalmente la moratoria nacional metálica a cielo abierto. No sabemos si este gobierno, en el medio de su inacción, lentitud e incapacidad, está tocando base respecto a la declaratoria de inconstitucionalidad, de darse esta. Nuestro interés no puede ser tirar a los 7,300 colaboradores panameños de la minera a la calle. Y es que el ímpetu de que se decrete la inconstitucionalidad del contrato ley no significa que la mina cierre de un día para otro, sino que las cosas se hagan bien para el mayor beneficio de nuestro país y nuestra gente.
Si la Asamblea Nacional, por ejemplo, hubiera hecho lo que la Constitución le permite, a saber, improbar el contrato, hubiéramos podido sentarnos con la minera nuevamente, en mejores condiciones de negociación. Esta hubiese tenido que aminorar su terquedad y entender que le tocaba negociar a la baja frente a una sociedad en contra de su estadía. Hubiera tomado más tiempo, pero con la posibilidad de tapar cualquier posible vicio de inconstitucionalidad que lograra escudar un contrato con una sólida legitimidad jurídica.
Lamentablemente, el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional se pusieron de acuerdo para hacer las cosas entre mal y peor. Este gobierno nunca entenderá que desde el 1 de julio de 2019, asumió el poder para degradar la cosa pública. Despilfarró, derrochó, robó, opacó, escondió, mintió, en fin, creó la tormenta perfecta para que el elemento principal de la negociación, sino el único, fueran los $770 millones que recibiría en 2023 para tratar de cumplir el 3% del déficit fiscal. Y al olvidar todo lo demás actuó a la carrera, colocándole al Estado que representa la soga al cuello, en el momento que el presidente de la República sancionó lo que hoy es la Ley 406. Desde ese momento dejamos de tener el sartén por el mango. El presidente tenía el tiempo suficiente para medir la reacción de la gente y tomar la mejor decisión que incluía un posible veto, por inexequibilidad, para que la Corte decidiera, o por inconveniencia, dados los levantamientos en las calles y con pocas probabilidades de esta Asamblea de aprobarla por insistencia.
En conclusión, valoremos la realidad de lo que implicará la posible decisión de inconstitucionalidad de la Corte, pero sobre todo sus consecuencias inmediatas, aunque se den en este gobierno, dentro del poco tiempo que le queda. Y que se conjuga en hacer cumplir el fallo a cabalidad de decretarse la inconstitucionalidad, aunque no le guste a la empresa; es decir, manteniendo y cuidando el mayor tiempo posible mediante un plan de cierre organizado, tanto el beneficio económico como el laboral y ambiental de la operación comercial. No decretar la Corte la inconstitucionalidad sería motivo de otra reflexión.
El autor es abogado
