Los evidentes desaciertos e intransigencia en el manejo del tema de la Ley 462 (CSS) por parte de la dirigencia de los gremios docentes, sumado al desfase de objetivos y posturas absurdas por parte de la dirigencia en Bocas del Toro, amén de la evidencia de corrupción y politización de los directivos de Suntracs, contribuyeron -por cuenta propia y de manera irresponsable- a la auto descalificación y desprestigio de todos ellos. Vaya regalo que le pusieron en bandeja de plata al presidente José Raúl Mulino, quien ahora se cree a pies juntillas que la postura firme de su gestión fue lo que logró hacer trastabillar y poner de rodillas a estos grupos, tradicionalmente beligerantes y exitosos.
Tanto es así que, parodiando al poeta Pablo Neruda en su célebre poema, engolosinado por el triunfo alcanzado, el gobierno pretende avanzar un paso más y se dispone a silenciar y acallar, de una vez por todas, al sindicato de los trabajadores de la construcción para con ello producir un ejemplar escarmiento adicional a todos los demás grupos sindicales y gremios organizados. De lograrlo, resultaría mucho más fácil y menos traumático -tanto para el gobierno como para el sector empresarial-, lidiar con la aprobación de otros temas polémicos y urticantes que se avecinan, como el de la reapertura de la mina, por citar un ejemplo.
Independientemente de estar de acuerdo —como en efecto lo estoy— con la sanción ejemplar que merecen, en caso de ser hallados culpables, por los aberrantes delitos de corrupción y robo que se les imputan a los eternos dirigentes de Suntracs, es muy distinto pretender hacer desaparecer el sindicato como tal, por esas mismas razones.
En todos los países civilizados y de corte democrática, los sindicatos, los gremios y demás grupos organizados constituyen factores claves en el equilibrio o relación de contrapeso económico y social necesarios para la buena marcha de la democracia. Sin la presión de estos grupos, los trabajadores, por ejemplo, no tendrían motivación alguna para mejorar la remuneración de los trabajadores ni sus condiciones de trabajo. Bajo esta dinámica regresa a la época de las cavernas en donde el más fuerte se impone sin discusión sobre el más débil. De hecho, esta medida equivale a dispararse en el pie, puesto que se mermaría el poder adquisitivo de los panameños y, en consecuencia, por igual, disminuiría el consumo interno y el crecimiento económico del país.
Esta desprotección haría, por supuesto, más vulnerables a los trabajadores panameños, especialmente por parte del sector privado, haciéndolos víctimas de la explotación y la adopción de decisiones arbitrarias en su contra por parte de muchos de esos mismos empresarios, que han dado muestras en la historia de nuestro país, de ser auspiciadores y benefactores de la misma corrupción que en esta ocasión se le endilga, con razón y por desgracia, a la dirigencia sindical panameña.
Espero que el presidente Mulino reconsidere su arrogante postura de gobernante empresarial cuando dijo -voy a reducir a Suntracs a su mínima expresión- y recuerde que no existe democracia sin libertad sindical. Por el contrario, el gobierno debe reafirmar su compromiso de rescatar y preservar un sindicalismo serio, responsable, honesto, democrático y verdaderamente representativo, libre —eso sí— de los mafiosos que han sido precursores de la desestabilización y la violencia. Estos han sometido, lamentablemente, al movimiento sindical panameño, arrastrando en esta vorágine de alienación ideológica a la sumisa e inoperante dirigencia actual de los gremios docentes.
Para ser congruentes con esta postura de buscar la fiebre en el cuerpo y no en la manta no es comprensible, al menos para mí, que el gobierno nacional, a través de la Cancillería, haya otorgado, sin más, un beneplácito o salvoconducto -con escolta incluida-, para que Saúl Méndez abandone el país ante el asilo concedido por Bolivia, cuando es bien conocido, que este personaje -máximo líder del sindicato que se pretende abolir- se encuentra formalmente acusado por los mismos delitos por los que hoy se encuentra a Jaime Caballero en la cárcel la Joya, y Genaro López con prisión domiciliaria.
Pensándolo bien, claro que lo entiendo, la razón obedece a que, de no hacerlo así, nuestro flamante canciller, Javier Martínez Acha tendría que explicar en caso tal, a los medios, el por qué al maleante condenado Ricardo Martinelli sí se le otorgaron estos privilegios con recepción incluida en Colombia de parte del embajador panameño, desafortunado y vergonzoso episodio que todos recordamos. Vaya manera de soslayar la paradoja, de que en nuestro país existe o no, la justicia selectiva.
El autor es pintor y escritor.
