En mi artículo anterior repasé los beneficios que ciertas medidas contracíclicas —estrategias que buscan sacar a una economía de una grave recesión— pueden ofrecer a corto plazo. Ahora propongo adentrarnos en los efectos perjudiciales que estas políticas macroeconómicas acarrean a mediano y largo plazo.
Es necesario dimensionar las circunstancias en las que Keynes y otros economistas desarrollaron sus teorías progresistas en la década de 1930. La Gran Depresión fue la peor crisis económica en la historia de la humanidad. Ante circunstancias extremas se concibieron medidas extremas, cuyos efectos secundarios solo pudieron evidenciarse con el transcurso del tiempo.
No niego que destinar parte del gasto público a inversiones en infraestructura que mejoren la calidad de vida de la mayoría sea una estrategia apropiada, especialmente cuando el altísimo costo o la envergadura de estas obras dificulta que el sector privado las asuma por completo. Los proyectos de asociación público-privada pueden ser una vía efectiva para desarrollarlas sin causar un impacto fiscal excesivo. Sin embargo, tienden a carecer de supervisión rigurosa y transparente por parte del Estado, quedando con frecuencia en el abandono o plagados de sobrecostos.
Del otro lado del espectro académico, los economistas defensores del libre mercado, provenientes de la Escuela Austriaca y la Escuela de Chicago, siempre rechazaron los diagnósticos —y más aún las recetas— de la teoría keynesiana sobre los ciclos económicos. Advirtieron, con acierto, que si se aplican de forma inadecuada o excesiva, estas políticas pueden generar efectos muy perjudiciales.
Además de criticar sus efectos deficitarios, estos laissez-faire expusieron con rigor una serie de consecuencias imprevistas que distorsionan el funcionamiento natural de la economía, como la inestabilidad de precios o la mala asignación de capital hacia sectores no rentables a largo plazo, que fracasan una vez se agota el combustible fiscal. Cuando el estímulo fiscal se reduce o finaliza, suele producirse una fuerte contracción económica que provoca despidos masivos y, en consecuencia, un aumento de los incumplimientos financieros.
En este contexto, las políticas contracíclicas se convierten en una falsa panacea: un bálsamo temporal que no resuelve los problemas económicos de fondo y resulta insuficiente para generar prosperidad sostenible. A menudo maquillan problemas estructurales y postergan la ejecución de soluciones efectivas. Por ello, es imprescindible contar con mecanismos que permitan evaluar la eficiencia de estos programas, ya que pueden exponer al Estado a una creciente inestabilidad fiscal sin resolver los problemas para los que fueron concebidos e, incluso, agravarlos.
Hay que abandonar las excesivas expectativas puestas en las medidas macroeconómicas anticíclicas como solución ideal a problemas complejos. Lo que se requiere son reformas profundas e integrales, capaces de brindar beneficios permanentes y sostenibles a largo plazo.
Para que Panamá aproveche plenamente sus ventajas y desarrolle todo su potencial, es fundamental crear condiciones de mercado atractivas que generen empleos dignos y equitativos, contribuyendo así a reducir la desigualdad social. Para lograrlo se requieren cambios estructurales que liberen la economía y fortalezcan el capital humano. Esto implica adoptar medidas disruptivas para la clase política, como una drástica reducción de las regulaciones burocráticas que obstaculizan una economía más dinámica, la creación de incentivos realistas para micro y pequeñas empresas, una profunda transformación del sistema educativo y la reducción del gasto público destinado a sostener la maquinaria clientelista. Solo así se podrán sentar las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo.
También es crucial asignar una mayor proporción del presupuesto nacional a las instituciones de educación superior, especialmente en carreras técnicas y vocacionales, como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el Instituto Técnico Superior Especializado (Itse) y la Universidad Tecnológica de Panamá. El análisis del presupuesto general del Estado para 2026 evidencia que los gobiernos siguen sin dar la debida prioridad a las inversiones que impulsan un progreso sostenible. Es más de lo mismo: buena parte del gasto se destina a políticas contracíclicas y de funcionamiento, mientras que, de manera irresponsable, se recortan fondos a las instituciones de formación superior más relevantes del país.
El autor es abogado.
