Tenemos en el país una costumbre peligrosa: creernos la leyenda del excepcionalismo panameño, que actores locales y extranjeros abanican. Excepcionales en lo bueno y, sobre todo, inmunes a las consecuencias de lo malo. Pero frente a la penetración del crimen organizado, esa teoría no nos protege; nos desarma. Mientras el mundo documenta cómo el dinero ilícito se abre paso en la política y adopta regulaciones para impedirlo, esta semana la aplanadora oficialista en la Asamblea Nacional deteriora la transparencia y los controles del financiamiento político para las próximas elecciones.

No hablo solo de democracias frágiles. Países Bajos e Irlanda, que solemos poner como ejemplo, enfrentan hoy una penetración del crimen organizado que ya no puede tratarse como un asunto menor. El puerto de Róterdam y las terminales de la costa irlandesa se han convertido en las principales puertas de entrada de la cocaína a Europa. Por allí no entra solo la mercancía; entra el poder corruptor de mafias internacionales que, aliadas con grupos locales, actúan siempre igual: compran funcionarios, presionan a los trabajadores y usan la violencia más extrema contra quienes sostienen el Estado de derecho. ¿Qué nos hace pensar que un centro financiero regional, dolarizado, con puertos estratégicos, una plataforma logística global y un historial de señalamientos internacionales por lavado de dinero está a salvo?

Seamos claros: el crimen organizado hoy no se combate solo con policías y pistolas. Se combate con prevención del lavado, transparencia de los beneficiarios finales, estrategias anticorrupción serias y controles bancarios que funcionen. Y se combate cerrándole su puerta de entrada más cómoda: el financiamiento de candidatos políticos.

La infiltración entre los funcionarios a través de la política ha sido el modus operandi en toda la región. En Panamá, el riesgo no es que un cartel controle territorios, como en zonas de México, Ecuador u Honduras. Es más silencioso y, por eso, más peligroso: la captura gradual de nuestras instituciones democráticas por la vía financiera. Sin balas ni titulares, con aportes discretos canalizados a través de sociedades pantalla, intermediarios empresariales y estructuras opacas.

El Índice Global de Crimen Organizado (ocindex.net) ya le asigna a Panamá una puntuación relativamente alta en «actores incrustados en el Estado». No significa que el Estado esté capturado, sino que los expertos ven riesgos serios dentro de él. Y, como documenta InSight Crime (insightcrime.org), las operaciones en puertos, aduanas y logística no se sostienen sin algún grado de penetración institucional. Permisos municipales, uso de suelo, contrataciones públicas, despliegues policiales: todo se decide desde cargos a los que alguien llegó con financiamiento de otros.

Por eso preocupa que las reformas electorales en discusión debiliten la capacidad del Tribunal Electoral para exigir rendición de cuentas, supervisar a los candidatos y fiscalizar su dinero. Ya no hablamos solo de clientelismo, de la «dádiva» que rebaja la dignidad del votante. Hablamos de los tres grandes peligros del dinero en la política: las asimetrías que capturan los canales de comunicación con el votante; el dinero sucio que compra a los tomadores de decisiones; y la penetración transversal del Estado para que florezcan economías ilícitas. Eso va mucho más allá de amañar una licitación.

Pero la voracidad es tal que, en lugar de hablar de cómo mejoramos el sistema, estamos hablando de jugarretas de votos, de desventajas para nuevas fuerzas políticas y de reinstalar vicios del poder que creíamos superados, gracias a viejos operadores clientelares que no quieren entender el clamor ciudadano por un modelo que ponga el bien común en el centro. Pero la ciudadanía los ve por los retrocesos que promueven y las injusticias que aprueban sin debate real. Han entrampado al país en una discusión de corto plazo cuando lo que está en juego es de largo aliento: si nuestra democracia seguirá siendo de la ciudadanía o si será comprada por el dinero sucio.

Lo que necesitamos es lo contrario de lo que propone la aplanadora oficialista: más transparencia, no menos. Rendición de cuentas real sobre el financiamiento público y privado. Sanciones efectivas. Identificación de los beneficiarios finales de cada aporte. Un Tribunal Electoral con más dientes, no con menos. Y coherencia con las convenciones internacionales anticorrupción y contra el crimen organizado que Panamá ya firmó, así como con los estándares de GAFILAT y la OCDE sobre el dinero en la política. ¿Dónde está el Ministerio de Seguridad? ¿Dónde está el Ministerio de Economía y Finanzas?

Si la Asamblea Nacional deteriora los controles, no estaremos retrocediendo únicamente en una ley electoral. Podríamos estar entregándole la llave del Estado a fuerzas que lo que menos quieren es gobernanza democrática y Estado de derecho. Lo que debemos vigilar de aquí a 2029 es la integridad del financiamiento político, porque allí se cruzan las debilidades financieras de Panamá con la capacidad de las redes criminales transnacionales. Ellas no necesitan disparar para entrar; les basta con financiar.

La autora es abogada y directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI).