Durante décadas, Panamá ha construido su prosperidad aprovechando una ventaja geográfica imbatible. Conectamos el comercio global moviendo contenedores a través de un canal de agua y enlazando pasajeros mediante un centro de conexiones aéreas. Sin embargo, el comercio que más crece en el siglo XXI no viaja en barcos ni pasa por aduanas físicas: viaja en fotones a través de cables de fibra óptica.
La economía digital panameña se encuentra en una encrucijada estratégica. Por un lado, exportamos servicios modernos —desde desarrollo de software y servicios financieros fintech hasta producción audiovisual y diseño—; por el otro, enfrentamos la tentación fiscalista habitual: intentar gravar las transacciones digitales con impuestos apresurados antes de dejar que la industria madure.
Ese enfoque es una equivocación. La verdadera oportunidad para Panamá no radica en fiscalizar agresivamente los pequeños intercambios en línea, sino en integrarse al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA, por sus siglas en inglés), el tratado internacional pionero diseñado exclusivamente para dinamizar el comercio del conocimiento.
La urgencia de esta decisión se acentúa tras la reciente incorporación formal de Costa Rica como el quinto miembro pleno del bloque, sumándose a Singapur, Chile, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Que nuestro vecino directo haya dado este paso envía una señal ineludible. Costa Rica entendió que casi la mitad de sus exportaciones de servicios ya son digitales y que el DEPA es la arquitectura legal necesaria para escalarlas hacia los mercados más competitivos de la cuenca del Pacífico.
Si Panamá aspira a consolidarse como el hub digital de las Américas, no basta con tener centros de datos y excelente conectividad. Se requiere interoperabilidad jurídica. Mientras países de la región aseguran su integración a los estándares globales, Panamá corre el riesgo de quedar aislado normativamente.
El argumento económico más contundente a favor del DEPA radica en la democratización del empleo. Crear una plaza de trabajo en la economía industrial tradicional exige inversiones cuantiosas en terrenos, infraestructura y maquinaria. En cambio, en la economía digital, un joven desarrollador, una consultora en ciberseguridad o una diseñadora gráfica solo necesitan una computadora, una conexión estable y una plataforma de pago confiable. Son emprendimientos de bajísima intensidad de capital, pero con un enorme potencial de generación de valor agregado.
Cuando la respuesta del Estado ante estas iniciativas es imponer trabas burocráticas, retenciones complejas o impuestos tempranos, el resultado es predecible: el talento local se desplaza hacia la informalidad o migra operativamente hacia jurisdicciones más amigables.
Sumarse al DEPA cambia la lógica. En primer lugar, reduce fricciones operativas eliminando trabas al comercio digital de exportación mediante reglas claras sobre pagos en línea y aduanas digitales. En segundo lugar, amplía el mercado direccionable para que un profesional independiente en Panamá compita sin desventaja legal en mercados de altos ingresos. Por último, facilita la cooperación para que las pequeñas empresas se integren con mayor facilidad en cadenas de valor globales.
Proteger la recaudación fiscal es una tarea válida, pero ahogar la semilla antes de que se convierta en árbol es una pésima estrategia económica. La masa crítica imponible del futuro no vendrá de aplicarles impuestos a los incipientes emprendimientos tecnológicos locales, sino de dinamizar el volumen total de exportaciones de servicios.
Panamá tiene la estabilidad monetaria, la infraestructura de telecomunicaciones y la ubicación estratégica. Es momento de añadir el ingrediente regulatorio global. Seguir el paso de Costa Rica y solicitar la adhesión al DEPA enviaría un mensaje claro al mundo: Panamá no solo mueve mercancías; es un nodo abierto, seguro y transparente para las ideas, el talento y los servicios del futuro.
El autor es director de la Fundación Libertad.
