En días pasados, en nuestra columna semanal, se describió el muro que encuentra la vendedora de empanadas cuando intenta formalizarse: permisos duplicados, un Estado que ve en ella a una infractora rentable. Miremos ese muro desde el otro lado. Para eso nos sirve la lista de aprehendidos del último año, a la que el 6 de octubre se sumó el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS). Leída de corrido, no parece una galería de malas personas: parece un mapa.

En la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito, la fiscalía ha realizado tres rondas de arrestos desde diciembre de 2025. Según sus investigaciones, se emitieron cheques de $1,000 y $2,000 por servicios que nadie pudo sustentar, algunos girados con menos de quince días de diferencia. La Contraloría calcula la lesión en más de $8 millones, mientras que la Autoridad Nacional de Descentralización acumula 294 denuncias por más de $213 millones.

Colón ofrece la versión más nítida. Entre junio de 2021 y mayo de 2023, la Junta Comunal de Barrio Norte recibió $14.1 millones de la “descentralización paralela”, la mayor asignación del país. En abril de este año, la fiscalía aprehendió al representante, en el cargo desde 2019, y a su tesorero por unos $6 millones gastados sin documentación que los sustente. Desde entonces, ni la Procuraduría ha querido decir quién gobierna el corregimiento.

Un funcionario que puede firmar un cheque sin mostrar una obra administra un premio, aunque la ley lo llame presupuesto. Y el premio atrae, antes que al mejor administrador, al que mejor sabe cobrarlo.

El economista Thomas Sowell distinguía dos visiones del hombre. La irrestricta cree que el problema son las personas y que basta con poner a las buenas. La restringida asume que la naturaleza humana no cambia; solo cambian las tentaciones que la ley le pone delante. Cada campaña promete la primera; los aprehendidos confirman la segunda.

El dinero que se reparte es la mitad del mapa; la otra mitad es el sello. En junio de este año, tres funcionarios de Aduanas fueron aprehendidos por exigir a un empresario, según la fiscalía, pagos indebidos por unos $42 mil a cambio de agilizar una inspección. Lo que se vende en una inspección detenida es tiempo, y el precio lo pone el calendario del importador: si el buque zarpa sin su carga, la venta se pierde.

Se dirá que el sistema funciona porque la fiscalía los atrapó. Atraparon a quienes firmaron, años después de que el dinero saliera. Ni el vigilante es inmune: según la fiscalía, la exsecretaria general de la Contraloría, que cobraba $6,800 al mes, no ha justificado $771 mil de su patrimonio. En Capira, los mayores desembolsos coincidieron con las elecciones internas de un partido político. La autonomía local se financia con el impuesto del vecino; la “descentralización paralela” se financiaba según la conveniencia del partido.

El problema cruza múltiples administraciones. Este Gobierno contrató de forma directa la limpieza de ocho hospitales por $15.3 millones; puede que tuviera buenas razones, pero la puerta queda abierta para las malas.

Ahí está el argumento para un Estado reducido. Cada programa que reparte dinero y cada trámite que exige un sello crean la necesidad de una firma que tiene valor. Si la junta comunal no administra millones del Gobierno central, nadie hace campaña para llegar a ellos. Si la carga solo se inspecciona cuando el riesgo lo indica, el inspector tiene poco que vender. El Estado grande atrae a los corruptos como la miel a las moscas y, con menos miel, llegan menos moscas. Eso no lo logra ninguna auditoría.

La fiscalía seguirá llegando de madrugada. La ventanilla abre a las ocho de la mañana, con un nuevo funcionario detrás de ella.

El autor es director de la Fundación Libertad.