“Para decir mentiras y comer pescado,hay que tener mucho cuidado”. Refrán popular
Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, mitomanía se define como la tendencia morbosa a desfigurar la realidad de lo que se dice. En consecuencia, y para fines prácticos, diremos que un mitómano no es más que un mentiroso.
Ahora bien, todos sabemos que existen al menos dos clases de mentirosos: los que mienten por necesidad, presionados por las circunstancias, y aquellos que lo hacen por hábito y de manera casi inconsciente, por el simple deseo de figurar.
Dentro de este contexto, vivimos una era marcada por el flujo constante de información, donde las noticias se propagan a una velocidad sin precedentes, y ello trae aparejada la amenaza creciente de la proliferación de noticias falsas o la tergiversación de los hechos, poniendo a prueba nuestra capacidad de discernir la verdad y diferenciarla de los contenidos o declaraciones deliberadamente engañosas.
Esta tendencia cada vez más acentuada de manipulación o distorsión de la realidad obedece, en parte, al libre albedrío propiciado por las redes sociales que, en ocasiones, malinterpretan el rescatable principio de democratizar la información que pregonan defender.
Quienes mejor se benefician de este “libertinaje informativo” en el que estamos inmersos son los políticos corruptos, que se sienten a sus anchas en este marasmo de contaminación de la verdad, puesto que son verdaderos expertos en publicitar, manipular y elevar al rango de hecho cierto lo que les conviene, para defender sus posturas e intereses corruptos. Un ejemplo palpable de ello lo tenemos en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, a quien podemos observar a diario haciendo críticas oficiosas y pretendiendo dar clases de moralidad, civismo y patriotismo, desde su jacuzzi en la guarida donde se encuentra en Colombia.
No obstante, el problema mayor para los panameños de esta descuidada costumbre de mentir en la que están incurriendo, cada vez con más frecuencia, varios importantes funcionarios del actual gobierno, radica en que se utiliza como una manera de desviar la atención o evitar responder con propiedad a las críticas que se hacen sobre temas puntuales. Quisiera pensar que ello obedece a una falta de información o a una mala asesoría; es decir, que no se produce por voluntad propia del funcionario.
Vayamos a los ejemplos que ilustran lo que acabo de decir. En la última conferencia de prensa se le preguntó al presidente Mulino por la compra directa de un helicóptero a AgustaWestland, empresa filial del conglomerado Finmeccanica (de ingrata recordación por el escándalo de los radares, en cuya compra estuvo vinculado el presidente Mulino cuando fue ministro de Estado del gobierno de Martinelli). La respuesta airada del presidente Mulino a la periodista que hizo la pregunta fue: “¿Finmeccanica? Usted está totalmente equivocada”.
De hecho, no hay tal equivocación, puesto que AgustaWestland es una subsidiaria italiana que pertenece en su totalidad a Finmeccanica.
Esperemos que no se vuelva a molestar el presidente si, en el futuro, la empresa Novonor se gana una licitación en el gobierno y le pregunten al respecto, toda vez que este es el nuevo nombre que convenientemente ha adoptado oficialmente la empresa Odebrecht a partir de 2020, tras la estigmatización de su nombre con los escándalos de corrupción y soborno en los que estuvo involucrada.
Por su parte, el contralor Anel Flores aseveró mediante comunicado que diputados independientes, cuyos nombres mencionó con pelos y señales, mantenían rendiciones de cuentas pendientes relacionadas con el manejo de fondos poselectorales, lo cual resultó ser una declaración carente de veracidad, como pudieron probar los diputados aludidos. No obstante, es claro que la intención del contralor Flores al hacer dicha aseveración infundada era desviar la atención hacia las críticas que ha recibido en torno al rol de la Contraloría en la aprobación de fondos destinados a municipios y juntas comunales cercanos o afines al actual gobierno.
Del mismo modo, la molestia y la descalificación son recursos que se emplean a menudo a manera de defensa, tanto por parte del presidente Mulino como del contralor Flores, quien calificó de bochinches y leyenda urbana los cuestionamientos vinculados al proyecto del etanol y su eventual vinculación a este negocio a futuro, tomando en cuenta que es dueño de uno de los ingenios de la industria azucarera panameña, y sobre todo considerando que esta película ya la vimos en blanco y negro hace algunos años, cuando se intentó hacer un negociado similar con el etanol en las postrimerías del gobierno de Martinelli, a partir de la Central Azucarera La Victoria, propiedad de la familia Martinelli.
Para terminar, por el momento, y en otro orden de ideas, la directora de la Autoridad Nacional para la Descentralización (AND), Roxana Méndez, aseguró que su despacho no tiene injerencia sobre las transferencias o alianzas que otros ministerios y entidades del Estado mantienen con municipios y juntas comunales, salvo cuando se trata de proyectos articulados con la institución que dirige. Yo me pregunto entonces: ¿para qué existe una flamante institución como esta?, si al final de cuentas cada quien va a seguir haciendo lo que le venga en gana con los dineros del Estado, como parece ser el caso reciente en que selectivamente estas instancias recibieron fondos adicionales otorgados de manera directa por el MEF y avalados por la Contraloría.
El autor es escritor y pintor.
