El reciente comunicado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), en el que se anuncian trabajos de reparación con el respaldo técnico de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), revela más que una simple colaboración entre entidades del Estado. De manera implícita, pone en evidencia una debilidad estructural que arrastramos desde hace décadas: la ausencia de meritocracia en nuestras instituciones públicas.
La ACP ha logrado mantenerse como una de las pocas entidades estatales que opera con criterios de eficiencia, planificación y responsabilidad institucional. Esto no es producto del azar. Su modelo organizativo, heredado del sistema estadounidense durante la administración norteamericana del Canal, se ha mantenido vigente gracias a su autonomía y a rigurosos procesos de selección de personal por concurso. A diferencia de otras instituciones, la ACP no se ha convertido en un botín político ni ha cedido ante la lógica del clientelismo.
Este modelo contrasta marcadamente con la realidad de la mayoría de las entidades estatales panameñas. En ellas, los nombramientos políticos, la improvisación administrativa y la falta de continuidad técnica son la norma. El Idaan, en particular, ha sido una de las instituciones más golpeadas por esta lógica. A pesar de su misión crítica —garantizar el acceso universal al agua potable—, ha padecido un prolongado deterioro institucional, reflejo de decisiones divorciadas del conocimiento técnico y de la planificación de largo plazo.
Cuando una entidad como el Idaan necesita acudir a la ACP para recibir apoyo técnico, no estamos ante un caso aislado ni excepcional. Es un síntoma claro de la fragilidad de muchas de nuestras instituciones, que no cuentan con el capital humano ni con las estructuras necesarias para cumplir sus funciones esenciales. No se trata de falta de talento en el país; se trata de la ausencia de un sistema que premie la formación, la experiencia y la competencia por encima de la lealtad política.
La ACP no es perfecta, pero su desempeño demuestra que sí es posible construir una gestión pública basada en el mérito. Si el Estado panameño aspira a recuperar la confianza ciudadana y mejorar la calidad de sus servicios, necesita adoptar estándares similares. ¿Qué se puede aprender de la experiencia del Canal? Institucionalizar concursos públicos transparentes, crear organismos autónomos encargados de la selección y evaluación del personal, profesionalizar la función pública y blindar a los servidores del vaivén político.
La meritocracia no puede seguir siendo una rareza ni un privilegio reservado a una sola entidad. El modelo ya existe, los resultados están a la vista, y la demanda ciudadana por servicios públicos eficientes es cada vez más urgente. Lo que falta es voluntad para replicarlo.
El hecho de que, en momentos de crisis, recurramos a la ACP como referencia técnica no solo demuestra su capacidad institucional, sino que también evidencia lo que podríamos lograr si aplicamos ese mismo sistema al resto del aparato estatal. Sí se puede tener un Estado eficiente; el Canal lo ha demostrado.
La autora es arquitecta.
