Las prioridades en la Asamblea Nacional están invertidas. Mientras tanto, el sentimiento nacional se profundiza ante la impunidad política existente, la cual se intenta perpetuar mediante la aprobación de leyes de amnistía impulsadas en los últimos días. La lucha contra la corrupción es un deber diario. Por eso, el 2 de julio de 2024 presenté un proyecto de ley que busca transparentar las gestiones de los servidores públicos de alta jerarquía.
Esta iniciativa propone que las declaraciones juradas de conflicto de intereses y de estado patrimonial de los funcionarios sean públicas. En una sociedad democrática moderna, el fortalecimiento de la transparencia y la fiscalización de los entes públicos es fundamental para mitigar las malas prácticas que afectan la eficiencia de la administración pública y el desarrollo del país.
En Panamá, la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas que enfrentamos, con efectos perjudiciales en la economía y el bienestar social. El Índice de Percepción de la Corrupción 2024, publicado por Transparencia Internacional, reveló que Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100, una disminución respecto a años anteriores.
Este indicador refleja la percepción global sobre la corrupción en el sector público, considerando aspectos como la legislación en materia de transparencia y la efectividad del gobierno para prevenir el uso indebido de fondos públicos. A su vez, el Índice Global de Estado de Derecho del World Justice Project ubicó a Panamá en el puesto 72 de 142 países, con una clasificación especialmente baja en la categoría de “ausencia de corrupción”, lo que subraya la urgente necesidad de reformas en los sistemas de control y fiscalización.
Es de conocimiento general que el conflicto de intereses en el sector público ha sido uno de los actos que más ha afectado al país, posicionándonos internacionalmente como una nación altamente corrupta. En un país donde no se fiscaliza el conflicto de intereses, la inversión privada y extranjera no llegará, lo cual afecta directamente el crecimiento económico y el empleo. Por eso, este proyecto busca que dichas declaraciones sean de carácter público.
La declaración jurada de estado patrimonial es un instrumento crucial para la transparencia en la gestión pública, ya que permite verificar la congruencia entre ingresos, bienes y gastos de los servidores públicos, ayudando a combatir el enriquecimiento injustificado. Este proyecto propone ampliar la obligación de presentar la declaración jurada de estado patrimonial a más funcionarios, incluidos diputados, representantes, alcaldes y directores, entre otros. Esta medida busca fortalecer la fiscalización en todos los niveles de la administración pública, asegurando que los recursos del Estado estén sujetos a mayor control ciudadano.
Cabe destacar que esta propuesta no es aislada. A nivel regional, países como Chile, México, Perú y Ecuador han implementado disposiciones similares, con resultados positivos en términos de transparencia y reducción de la corrupción.
El proyecto fue aprobado por mayoría en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Sin embargo, al llegar al segundo debate, decidí regresarlo a primer debate para integrar una subcomisión que permita fortalecerlo y darle mayores posibilidades de convertirse en Ley de la República. Espero que esta próxima semana podamos discutir nuevamente este proyecto tan necesario.
Esta iniciativa responde directamente a las demandas de la ciudadanía, que exige un gobierno más transparente y responsable con los recursos públicos. El que no la debe, no la teme. Quien aspira a la administración pública para servir genuinamente al país, no tendrá reparos en respaldar este proyecto; quien lo vea como un medio para enriquecerse, sí. Es hora de que los panameños puedan confiar en su administración pública, sabiendo que sus recursos se gestionan con integridad y eficiencia.
El autor es diputado independiente por el circuito 8-4 (2024-2029).
