La Constitución panameña exige la integración de los servicios de salud, pero aún coexisten dos sistemas paralelos: MINSA y CSS. Esto duplica funciones y genera altos costos e ineficiencia. Panamá gasta casi el 10% de su PIB en salud y obtiene resultados mediocres. La fragmentación es un problema urgente por resolver.
1. El papel de los gremios profesionales
El personal médico y administrativo enfrenta carencias diarias, pero cerca del 70% trabaja con compromiso pese a los recursos limitados. El rendimiento se ve afectado por la fragmentación institucional, la dualidad público-privada, la falta de prevención, las influencias políticas y empresariales, y problemas tecnológicos que generan duplicidad de documentos y exámenes.
Algunas directivas gremiales persisten en utilizar el tema de la integración como herramienta de negociación dentro de la CSS, aunque esa postura no siempre refleja lo que piensa la mayoría de sus miembros. Son ellos, en la primera línea, quienes dan la cara ante la comunidad y sufren de cerca las ineficiencias.
La integración funcional debe garantizar la conservación de empleos y derechos. El Estado debe consultar a los gremios durante el proceso, pero sin otorgarles poder de veto sobre un mandato constitucional. Es necesario trabajar juntos para rediseñar el sistema y mejorar tanto las condiciones laborales como la atención al paciente.
2. Temor de asegurados y sus familias
Un argumento frecuente entre los asegurados de la CSS es: “Si hoy la atención es deficiente, con la integración será peor al compartir recursos con quienes no cotizan.” Este temor se alimenta de la experiencia diaria: largas esperas, citas diferidas y desabastecimiento de medicamentos.
Lo que suele olvidarse es que la CSS ya cubre a más personas que a los cotizantes directos. Sus dependientes —cónyuge, hijos legítimos o reconocidos, padres en algunos casos— reciben atención sin costo adicional. En la práctica, una gran parte de la población ya forma parte del sistema CSS, aunque no cotice.
El problema no es “cargar más pacientes”, sino que el sistema actual está mal organizado para la población real que ya atiende. La integración funcional no le quita derechos a nadie: los beneficios permanecen, la condición de dependiente no cambia y los asegurados no pierden cobertura. Al contrario, la integración permitiría:
Mejor prevención, gracias a una red de atención primaria sólida.
Mayor disponibilidad de medicamentos, mediante compras conjuntas con un cuadro único nacional.
Más acceso oportuno, con listas de espera compartidas y quirófanos utilizados de manera más eficiente.
Más protección financiera, reduciendo el gasto de bolsillo que hoy alcanza el 37% del gasto total en salud, frente al 21% en Costa Rica y el 15% en Uruguay.
En vez de duplicar esfuerzos, el país debe planificar, optimizar y centralizar las compras, para que sean las empresas proveedoras las que compitan, y no las instituciones públicas entre sí.
3. El costo de la fragmentación es insostenible
Las cifras son contundentes:
Gasto total en salud: Panamá destina 9.7% de su PIB, más que Costa Rica (7.6%), pero obtiene peores resultados.
Cobertura efectiva (Índice UHC 2021): Panamá 78; Costa Rica 81; Uruguay 82.
Médicos por cada 1,000 habitantes: Panamá 1.7; Costa Rica 2.6; Uruguay 5.1.
Esto significa que los panameños pagamos varias veces por el mismo sistema: vía impuestos, cuotas de la CSS, gasto de bolsillo y seguros privados. El resultado: menor cobertura, menos personal por habitante y mayor desigualdad en el acceso. Mantener este modelo es condenar al país a gastar más para obtener menos.
4. Las leyes y estructuras que necesitamos
Para que la integración sea posible, no basta con voluntad política. Se requiere un marco legal sólido y estructuras de coordinación permanentes:
Ley de Desarrollo del Artículo 115: debe crear un Fondo Nacional de Salud, definir un Paquete Garantizado de Servicios (PGS) para todos, establecer las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) y obligar a una Historia Clínica Electrónica Nacional interoperable.
Reformas complementarias: actualizar la Ley Orgánica de la CSS para subordinar el programa de Enfermedad y Maternidad a las reglas comunes de financiamiento, mantener la autonomía en pensiones y fortalecer la rectoría del MINSA en estándares y calidad.
Consejo Nacional de Integración Sanitaria (CNIS): órgano rector político y social que incluya a instituciones públicas, gremios, sindicatos, universidades y asociaciones de pacientes.
Unidad Ejecutora de Integración (UEI): equipo técnico especializado con autonomía de gestión para implementar la integración, supervisar pilotos, escalar la HCE y coordinar las compras conjuntas.
Estas estructuras son indispensables para evitar que la integración quede en diagnósticos o promesas sin ejecución.
Conclusión
La integración funcional de los servicios de salud en Panamá no es un capricho ideológico ni un sueño académico: es una obligación constitucional y práctica. Los miedos de gremios y asegurados existen, pero se disipan cuando se mira con objetividad la experiencia de Costa Rica y Uruguay, países de población semejante que lograron, hace 50 años, sistemas más justos y sostenibles.
Panamá no debe seguir perdiendo recursos y vidas por duplicidad, burocracia y fragmentación. La integración es proteger al trabajador, al dependiente, al gremio, la economía del país y, sobre todo, al paciente. Ha llegado el momento de legislar y coordinar con visión de futuro. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor y cumplir con una deuda histórica.
El autor es neurocirujano.
