Panamá, tierra canalera de majestuosa naturaleza, en los últimos meses, se ha enfrentado a decisiones que ponen probablemente en la balanza su riqueza natural y cultural versus la explotación de sus yacimientos mineros. El nuevo contrato que regularía la relación entre el Estado panameño y la compañía minera ha generado opiniones encontradas y tensión en la sociedad panameña, dividiéndola entre quienes ven en esta actividad una oportunidad de crecimiento y quienes la consideran una amenaza socioambiental.
Es justo analizar este tema desde varias perspectivas, pues la minería se presenta como un motor para el desarrollo tecnológico y económico.
Aquí debemos recordar que la explotación de la mina tiene años de estarse dando, con el consiguiente impacto ambiental que debe ser evaluado por expertos.
Las compañías mineras argumentan que la explotación de minerales es esencial para impulsar el progreso del país, proporcionando empleo y aumentando los ingresos gubernamentales a través de impuestos y regalías. Aseguran que, de esta forma, puede mejorar la calidad de vida de los panameños. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. La minería a gran escala tiene un historial de daños ocasionados al medio ambiente y a las comunidades locales en todo el mundo. En Panamá, los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos subrayan que la minería a cielo abierto tiene una gran cantidad de efectos devastadores que perjudican a los ecosistemas que son hábitat de una amplia biodiversidad. La tala de bosques, la contaminación del agua y la degradación del suelo son solo algunas de las preocupaciones ambientales asociadas con esta actividad.
La minería puede destruir las formas de vida de las comunidades indígenas y campesinas que dependen de la tierra para su sustento. La reubicación forzada, la pérdida de tierras y la degradación de los recursos naturales puede desencadenar conflictos sociales y culturales; y dejar cicatrices profundas en el tejido social del país.
En el presente, el polémico contrato con la empresa canadiense First Quantum Minerals, o como es nombrada su subsidiaria panameña, Minera Panamá, está en proceso de discusión en la Asamblea Nacional. Hay serias aprehensiones por parte de diversos actores que no deben ser tomadas a la ligera: visos de inconstitucionalidad en el contrato, condiciones desventajosas para el país, regímenes excepcionales a favor de la compañía, sin tomar en cuenta el probable e irreversible daño ambiental. Es preocupante que se habla que una proporción desmesurada del territorio nacional quedaría en manos de la minera. Ha habido demostraciones de repudio de parte de reconocidos especialistas en el tema y de juristas que consideran que el contrato pone en desventaja al país. También a través del activismo -manifestaciones, cierres de calles, declaratorias y movimientos sociales- se ha hecho evidente lo polémico del tema que, o nos beneficia o nos perjudica a todos.
Lo cierto es que a raíz de que en diciembre de 2017, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional el contrato-ley 9 de 25 de febrero de 1997, tras considerar que no cumplió con principios básicos de contratación pública, se ha creado conciencia de una situación que tenía años de estar ocurriendo en el país sin los debidos controles que merece una explotación de esta magnitud. Las acciones de rechazo se basan en razones como la falta de sostenibilidad ambiental del proyecto; el precedente que pudiera significar que sea replicado en otras partes del país; su eventual inconstitucionalidad; su opacidad; la obligación de otorgar espacios para explotación de otros minerales además de cobre; más años de explotación y más tierras para ser explotadas, con la posibilidad de tomar las tierras privadas o públicas que deseen; y hasta limitaciones al espacio aéreo sobre la mina.
Es hora de que tomemos las riendas que, aparentemente, no hemos terminado de tomar. Cómo ciudadanos, tenemos todo el derecho de hacer saber nuestra opinión y, en especial, dar a conocer qué país queremos.
Nosotros, los ciudadanos, estamos en la capacidad de hacer que cambie el rumbo. Cada día que pasa, el “tic tac” se hace más rápido: nos arriesgamos a perder nuestro oro verde, nuestra naturaleza.
El autor es egresado del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2021
