Utilizando el caso del Canal de Panamá como ejemplo de aquellos bienes cuya utilización debe ser exclusivamente para el beneficio de los panameños, contamos con un precedente histórico que nos permite avizorar, en este momento de supuesto diálogo nacional, la conducción de la nave del Estado en lo que respecta a la minería en particular y otros segmentos de la economía nacional cuya explotación no está regulada.
Es así como vislumbramos al inicio del siglo XX la construcción del canal y la instauración de la Zona del Canal como un cuasi Estado dentro del territorio nacional, por parte del gobierno de Estados Unidos, visión de la era del Gran Garrote, durante la cual ese país ejercía lo que a bien le daba la gana en lo que consideraba su “patio” al sur de sus fronteras, en exclusivo beneficio de sus intereses.
Si bien es cierto existían provechos coyunturales a la recién creada nación panameña, estas prebendas resultaron un insulto a la dignidad nacional y una afrenta a la maximización económica de su mayor recurso, que resulta su posición geográfica como punto de tránsito de bienes desde los tiempos de la colonia, cuando a través del istmo desfiló la mayor cantidad de oro en la historia universal y desde sus inicios, en 1534, Carlos V de España plasmó los estudios iniciales para la ruta del canal.
La segunda mitad del siglo XX fue testigo de revolucionarios cambios en la política global, eliminando el concepto de colonia del vocabulario de las relaciones internacionales, efectivamente extirpando, entre otros, la vigencia de la Zona del Canal y su incorporación a la nación panameña.
Paralelamente, en Chile, el mayor productor de cobre a nivel mundial, su minería era monopolizada por las empresas norteamericanas Kennecott y Anaconda, quienes usufructuaron ganancias superiores a $4,000 millones de dólares en la época anterior a la nacionalización de las minas en 1971, durante el gobierno de Salvador Allende, incriminado de comunista y socialista, cuando el Congreso Nacional, representativo de todos los sectores políticos del país, aprobó por unanimidad la ley de nacionalización el 21 de julio. Ni la dictadura de extrema derecha de Pinochet ni ningún gobierno posterior en Chile, sin distingo a su tendencia política, ha retraído la iniciativa, tal cual es el caso con el Canal de Panamá.
Con este precedente, debe quedar bien claro que la explotación de la minería debiese ser exclusiva del Estado panameño, porque su usufructo debe ser para el beneficio de una nación que sufre los desmanes de la falta de recursos en sectores básicos como educación y salud, por el continuo pillaje resultado de la viciosa corrupción de nuestros gobernantes, quienes en impúdica relación con intereses particulares canadienses, nos pregonan los beneficios, léase migajas, de un pacto minero que a todas luces debe ser enérgicamente vetado por la ciudadanía.
El autor es promotor de turismo
