Hablar de minería en América Latina ya no significa hablar solo de minerales, empleos o exportaciones. En territorios donde la presencia institucional es débil, la minería ilegal se ha relacionado con deforestación, contaminación, contrabando, lavado de activos y organizaciones criminales.
No se trata de especulaciones. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha documentado cómo el comercio ilícito de minerales puede financiar grupos criminales y armados y facilitar operaciones destinadas a ocultar recursos ilícitos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también ha advertido sobre la necesidad de fortalecer la debida diligencia y la trazabilidad de las cadenas de suministro de minerales.
La primera lección para Panamá es sencilla: un territorio sin suficiente vigilancia puede ser terreno fértil para actividades que van más allá del problema ambiental.
Colombia ofrece ejemplos importantes. En el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el Ministerio de Ambiente colombiano ha documentado daños ocasionados por años de explotación ilegal y contaminación por mercurio. Sus evaluaciones dejan una enseñanza: algunos servicios naturales de un ecosistema pueden necesitar décadas para recuperarse.
Un bosque puede verse verde y continuar enfermo.
Debajo de esa vegetación debemos recuperar suelos, microorganismos, hongos, calidad del agua, poblaciones animales, corredores biológicos y las relaciones que permiten que el ecosistema vuelva a funcionar.
Perú ofrece otra experiencia. En Madre de Dios, el seguimiento mediante imágenes satelitales del proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) ha documentado durante años la transformación de territorios amazónicos asociada con la minería aurífera. El monitoreo ha demostrado el valor de involucrar a comunidades indígenas, organizaciones y autoridades en la vigilancia territorial.
Otra iniciativa desarrollada en Perú, planetGOLD, aporta una lección adicional: perseguir una actividad ilegal no siempre basta para solucionar el problema que la origina. El programa ha trabajado con pequeños productores mineros mediante la formalización, la capacitación, el acceso a financiamiento y el uso de tecnologías para disminuir o eliminar el empleo del mercurio. Si queremos modificar una práctica ambientalmente dañina, también debemos ofrecer conocimiento y alternativas económicas a quienes dependen de ella.
La educación ambiental no debería limitarse a enseñar que debemos cuidar los árboles o no arrojar basura. Necesitamos explicar qué ocurre con una cuenca cuando desaparece un bosque, cómo un contaminante puede llegar desde un río hasta nuestros alimentos, por qué la biodiversidad tiene valor económico y cómo una comunidad puede participar en la vigilancia de sus recursos naturales.
Panamá podría construir, a partir de estas experiencias, un Programa Nacional de Educación, Restauración y Vigilancia Ambiental de Territorios Intervenidos.
Imaginemos una iniciativa en la que participen MiAmbiente, universidades, Senacyt, municipios, comunidades, centros de investigación, organizaciones científicas como COBIOPA, la sociedad civil y el sector privado.
Las escuelas podrían adoptar microcuencas y aprender a monitorearlas. Los estudiantes universitarios podrían desarrollar tesis sobre restauración, microbiología, biodiversidad, calidad del agua o genética. Las comunidades podrían capacitarse como monitores ambientales y los investigadores utilizar drones, sensores, imágenes satelitales y ADN ambiental para evaluar la recuperación de los ecosistemas.
Los territorios en restauración pueden generar empleos mediante viveros de especies nativas, monitoreo ambiental, recuperación de suelos, ecoturismo científico y emprendimientos comunitarios. La economía circular puede ayudarnos a reducir y reaprovechar residuos, mientras que la bioeconomía puede transformar responsablemente nuestra biodiversidad y el conocimiento científico en innovación.
La experiencia latinoamericana deja una advertencia: cuando existen recursos naturales valiosos, pocas oportunidades económicas y una presencia institucional insuficiente, las economías ilegales encuentran espacio para crecer.
Por eso, conservación, seguridad, ciencia, educación y desarrollo económico no deberían discutirse por separado.
No basta con preguntarnos qué hacer con un territorio después de haber sido intervenido. Debemos preguntarnos cómo evitar que nuestros recursos naturales vuelvan a convertirse en motivo de conflicto y cómo transformarlos, mediante el conocimiento, la educación y la participación ciudadana, en una verdadera oportunidad de desarrollo sostenible.
La sostenibilidad no consiste solamente en reparar aquello que dañamos.
También consiste en aprender lo suficiente para no repetirlo.
Y esa podría ser una de las lecciones más importantes que América Latina tiene hoy para Panamá.
El autor es presidente del Colegio de Biólogos de Panamá (COBIOPA).
