Con confesado propósito de protegerlo por delitos de corrupción, la presidenta Dilma Rousseff designó al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como el ministro más importante de su gobierno. O sea, le otorgó“inmunidad” ante cualquier acción legal. Resulta un hecho sin precedentes en democracia, pues vulnera el “Estado de derecho” y constituye un acto de “obstrucción de la justicia” por parte de la jefa del Estado por uso indebido de influencia y una “confesión pública de culpabilidad” al convertir a Lula en “el ministro de la corrupción”.
En un discurso de 1988, Lula da Silva –siendo dirigente izquierdista– afirmaba: “en el Brasil cuando un pobre roba va para la cárcel y cuando un rico roba lo nombran ministro”. Lo que entonces parecía una acusación al sistema político al cual atacaba, podría ser el epitafio del exdirigente sindical, hoy nuevo rico. Ahora, con Dilma presidenta, Lula recurrió a la figura de incorporarse a la cabeza del ministerio políticamente más importante para encubrirse. Esto deja algunas preguntas: ¿Quién manda? ¿Quién encubre a quién? Asimismo se garantiza la impunidad de Lula y del propio gobierno ante el sistema de justicia.
Al nombrar a Lula ministro, Rousseff acabó con dos pilares fundamentales de la democracia: la “división e independencia de los poderes públicos” y el “acceso y ejercicio del poder con sujeción al Estado de derecho”. Esa actuación rompe el orden democrático, causa grave daño institucional y pone fuera de la democracia y de ley a la misma presidenta, por intentar evitar esclarecer unos delitos encubriéndolos con más corrupción.
La corrupción es eso: la “práctica consistente en la utilización de las funciones públicas en provecho de sus gestores”. “El mal uso del poder para conseguir una ventaja ilegítima”.
Exactamente lo que Dilma hizo para proteger a Lula, acusado por corrupción. Lo tremendo de esta situación es que no importaron el pueblo, el Estado, la justicia, la independencia de los poderes, la democracia ni el ridículo al convertir en objetivo de gobierno mantener impune a Lula. Con tan asombroso accionar queda la impresión de que Roussef se protege a sí misma.
Esta ruptura de la democracia y la institucionalidad brasilera se produce contra un pueblo víctima de una crisis económica cuyas causas apuntan hacia los gobiernos de Lula y Rousseff; una inflación de más del 10%, desempleo creciente, una moneda que perdió el 32% de su valor en 2015 y la peor recesión económica de los últimos 25 años. La sociedad, conmocionada por los casos de corrupción que llevaron a la cárcel a empresarios, políticos y gestores, advierte que la corrupción fue política de estado en los gobiernos del Partido de los Trabajadores liderado por Lula, de cuyos resultados los más perjudicados son, precisamente, los trabajadores y los sectores populares a cuyo nombre ejercieron corruptela.
El índice de aprobación de Rousseff no supera el 10%, rechazan su gestión aproximadamente un 80%. La confrontación alentada por Lula y Rousseff enviando militantes a las calles es errónea. Hoy la corrupción brasilera tiene las caras y nombres de Lula y Rousseff, algo muy malo para un país y terminal para un gobierno.
La expectativa internacional ante lo que pueda descubrirse en Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina, donde los gobiernos de Chávez, Maduro, Castro, Correa, Morales, Ortega y los Kirchner adjudicaron obras por cientos y hasta miles de millones de dólares a empresas brasileras cuyos ejecutivos –vinculados a Lula y al Partido de los Trabajadores– están encarcelados por corrupción. Los sobreprecios, la ejecución de obras y contratos sin licitaciones de esas empresas hacen sospechar una red de corrupción transnacional. ¿Será esa otra de las cuestiones que el ministerio de Lula intentará tapar? ¿Cuánto dinero corrupto se usó para acabar con las democracias venezolana, ecuatoriana o nicaragüense y cuánto hay para sostener dichos gobiernos?
La prensa libre y el valor de los pueblos han puesto contra las cuerdas la corrupción institucionalizada de lo que empezó siendo el “Foro de San Pablo”, el que conformó e impulsó al “socialismo del siglo XXI” y que ahora logró su mayor éxito: posesionar a Lula como el ministro de la corrupción.