La movilidad humana cobra especial relevancia en un mundo que enfrenta crisis políticas, económicas y climáticas. En este contexto, Panamá, con su tradición jurídica de respeto al derecho internacional, se presenta como un caso necesario para analizar la intersección entre la movilidad humana y los derechos humanos. El artículo 4 de la Constitución Nacional establece que “La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional”, lo que obliga al gobierno a guiar su actuación en la protección de los derechos de las personas en condición de movilidad. Combatir el error de la criminalización del migrante, defender principios básicos del derecho internacional como el principio de no devolución (non-refoulement), y reconocer el valioso papel que ejerce la sociedad civil son nortes que Panamá debe incluir y reconocer.
Sin embargo, a nivel global, se observa un preocupante movimiento que busca criminalizar a quienes se encuentran en condiciones de movilidad. Este fenómeno no solo deshumaniza a las personas migrantes, sino que también ignora el contexto en el que muchas de ellas se ven forzadas a abandonar sus hogares. En Panamá, los ciudadanos gozamos del gran privilegio de no tener que migrar por razones políticas o debido a los efectos del cambio climático, una realidad muy distinta a la de millones de personas alrededor del mundo. Una excepción es el desplazamiento interno que sufre el pueblo guna, debido al aumento del nivel del mar.
La interseccionalidad es un concepto clave para abordar las experiencias de las personas en condición de movilidad. Las situaciones de vulnerabilidad se agravan cuando se suman otras formas de discriminación, como el género, la edad, la orientación sexual, la identidad de género, así como la pertenencia a grupos étnicos o religiosos. En este sentido, es fundamental que las políticas de refugio en Panamá tengan en cuenta estas particularidades para ofrecer un trato diferenciado y justo.
El principio de no devolución es otro pilar fundamental en la protección de los derechos de personas refugiadas o solicitantes de refugio. Este principio estipula que un Estado no puede devolver a un refugiado a un territorio donde su vida o libertad estén amenazadas. En Panamá, la ley que regula el refugio incluye como uno de los motivos la persecución por orientación sexual, identidad o expresión de género. Esto es un avance significativo, ya que reconoce que las personas que huyen de la violencia y la discriminación por su identidad son igualmente dignas de protección.
Sin embargo, a pesar de estos avances legislativos, la realidad es que muchas personas migrantes en Panamá enfrentan serias dificultades. La sociedad civil ha desempeñado un papel crucial en la defensa de los derechos de estas poblaciones. Organizaciones como la Red Clamor, una red de organizaciones católicas en Panamá, han trabajado incansablemente para acompañar a las personas en migración, refugio y desplazamiento. En un reciente comunicado, la Red Clamor destacó la difícil situación de dos poblaciones altamente vulnerables: aquellas que han iniciado la ruta sur-norte desde Sudamérica y que, atrapadas por medidas securitistas, se ven forzadas a regresar a sus países en condiciones precarias; y aquellos que, retenidos en Estados Unidos, provienen de países asiáticos.
El papa Francisco ha sido un firme defensor de la dignidad humana y ha señalado que cualquier Estado que colabore con medidas que criminalicen a migrantes se convierte en cómplice de esta injusticia. Su llamado a construir sociedades basadas en la verdad y en la igualdad de dignidad de todos los seres humanos es un recordatorio de que el respeto a los derechos humanos debe prevalecer sobre las medidas de contención y control.
Panamá tiene la oportunidad de liderar en la protección de los derechos de las personas en condición de movilidad, apoyándose en su tradición jurídica y en los principios del derecho internacional. Es esencial que las políticas públicas y las acciones del Estado se alineen con el respeto a la dignidad humana, reconociendo la complejidad de las realidades que enfrentan las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de la condición de refugio. La colaboración entre el Estado y la sociedad civil será clave para garantizar que todas las personas, independientemente de su origen o situación, tengan acceso a una vida digna y segura. La verdadera justicia y humanidad se reflejan en cómo tratamos a las personas más vulnerables entre nosotros, y es en este compromiso donde se construye el futuro al que muchos aspiramos como sociedad.
El autor es Director Ejecutivo, Fundación Iguales.
