El problema del narcotráfico dentro de la política es alarmante porque representa una amenaza directa a la estabilidad institucional y a la legitimidad de los Estados de la región. Cuando el dinero y la influencia del crimen organizado penetran las estructuras del Estado, los procesos electorales, las decisiones judiciales y las políticas públicas dejan de responder al interés ciudadano y comienzan a servir a redes criminales que buscan impunidad y poder.
Esto es preocupante porque demuestra que la corrupción no solo corroe los gobiernos, sino que también debilita la confianza social y deja a los ciudadanos sin garantías reales de justicia. En muchos casos, las instituciones dejan de actuar como mecanismos de control y se convierten en cómplices, lo que consolida un círculo vicioso de violencia, clientelismo y miedo que pone en riesgo el futuro de América Latina.
Casos concretos de una influencia creciente
En Venezuela, diversos informes internacionales han señalado la existencia del llamado Cartel de los Soles, una presunta red de narcotráfico vinculada a miembros de las fuerzas armadas y acusada de facilitar el tránsito de cocaína hacia Europa y el Caribe (El Mundo, 2020; ABC Internacional, 2020). Aunque la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha sido cautelosa al respecto, y el exdirector del programa de control de drogas de la ONU, Pino Arlacchi, ha negado la existencia de pruebas concluyentes, lo cierto es que el país ha sido reiteradamente vinculado a operaciones de contrabando y lavado de dinero que giran en torno al poder político.
México, por su parte, ofrece una imagen distinta pero igual de preocupante. Investigaciones recientes, como la de Roxana Gutiérrez-Romero (Political Geography, 2024), muestran que entre 2000 y 2021 se incrementaron los asesinatos de candidatos y funcionarios locales, muchos de ellos impulsados por grupos del crimen organizado que buscan controlar gobiernos municipales o proteger sus rutas ilícitas. En las elecciones de 2024 se repitieron los patrones: amenazas, secuestros y homicidios de aspirantes políticos, demostrando que el narcotráfico no solo corrompe la política, sino que impone sus propias reglas (Reuters, 2024).
En Centroamérica, informes de la Konrad-Adenauer-Stiftung (2007) y del Departamento de Estado de Estados Unidos han destacado la importancia de la llamada Lista Engel, publicada anualmente desde 2021. Este instrumento ha expuesto cómo altos funcionarios, legisladores y empresarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua han sido señalados por corrupción, narcotráfico o por socavar los procesos democráticos (Prensa Latina, 2024). La lista, creada bajo la Ley de Compromiso Mejorado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, no solo restringe el ingreso a territorio estadounidense de las personas incluidas, sino que visibiliza el vínculo entre redes criminales y estructuras políticas. Su impacto ha sido profundo: congresistas y exfuncionarios han sido destituidos o investigados tras su inclusión (Centroamérica 360, 2024; Canal Antigua, 2023).
En Panamá, aunque la institucionalidad es más estable que la de sus vecinos, el país no está ajeno a este panorama. La Operación Jericó expuso redes de lavado de dinero y financiamiento político irregular mediante empresas fachada (Ministerio Público, 2024). Las investigaciones revelan vínculos entre empresarios, políticos y presuntos narcotraficantes que habrían usado contratos públicos y donaciones para mover fondos ilícitos (Policía Nacional, 2024; La Prensa, 2024). Estos hechos demuestran que incluso en países con marcos legales sólidos, el crimen encuentra vacíos para filtrarse y operar desde las sombras, aprovechando la debilidad de los controles y la falta de rendición de cuentas.
Un problema estructural y moral
El narcotráfico en la política no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de una fragilidad institucional profunda. Los gobiernos latinoamericanos enfrentan el desafío de impedir que el dinero del crimen capture al Estado. Mientras los sistemas judiciales no sean independientes y la transparencia no sea una práctica cotidiana, el narcotráfico seguirá encontrando caminos para permanecer dentro de la política.
No basta con encarcelar a unos cuantos responsables: se necesita reformar los sistemas de control, asegurar la independencia judicial y garantizar la transparencia en el financiamiento de campañas. Además, los candidatos locales deben contar con protección real frente a la violencia criminal que intenta silenciarlos.
Se debe recuperar la confianza en el Estado
Recuperar la confianza ciudadana en las instituciones no es un ideal retórico: es la condición indispensable para la democracia y la seguridad en América Latina.
El autor es estudiante de Derecho y pasante en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS).
