Cuando finaliza un gobierno, tiende a evaluarse por sus actos y resultados, trasladando al campo de la economía un popular adagio: por sus cifras los conoceréis. A continuación, esbozo un balance económico a partir de las principales variables macroeconómicas observadas entre 2019 y 2023.
Producción: el crecimiento del país fue alto hasta 2023; sin embargo, buena parte del dinamismo obedeció al efecto rebote después de experimentar una de las mayores contracciones económicas del planeta en 2020, debido a las estrictas cuarentenas y la falta de una política económica consecuente. En 2024 se estima que la economía crezca alrededor del 2.5%, principalmente por la salida de la mina de cobre —cuyo desenlace obedeció al manejo de la economía política—. Como sucedía en el 2019, al inicio de la administración, el país aún busca nuevas fuentes de crecimiento.
Mercado laboral: las medidas tomadas en el marco de la pandemia generaron un shock del cual el mercado laboral no se ha recuperado completamente. El desempleo pasó de 7.1% en 2019 a 7.4% en 2023 y la tasa de informalidad alcanzó el 48%, tres puntos más que en 2019. El empleo en el sector privado se encuentra 1% por debajo de la cifra del 2019, en contraste con el incremento del 12% del empleo en el sector público.
Precios: la inflación se mantuvo estable a pesar de los shocks internacionales, como el aumento en los precios del petróleo y la Guerra ruso-ucraniana. En el 2022 alcanzó un pico de 2.9%, una cifra realmente baja en el contexto regional. Este resultado se relaciona con la implementación del subsidio al combustible, que tuvo un costo cercano a los $350 millones.
Consumo e inversión: el consumo privado decreció 5% entre 2019-2023, y su participación en el PIB se redujo de 51% a 43%. En contraste, el consumo público creció 26% y ganó un punto del PIB. Con respecto a la inversión, después del desplome experimentado en 2020 (-48%), la variable logró superar su nivel prepandemia en 6%. El flujo de inversión extranjera se desplomó un 48% entre el 2019—2023.
Pobreza y desigualdad: los informes de pobreza monetaria se publicaron solo para 2019 y 2021, aunque deberían haberse publicado anualmente. Mis estimaciones, basadas en datos oficiales, indican que, para 2023, la pobreza general podría haber alcanzado el 26% —4 puntos más que en 2019— y la extrema el 10%, igual que en 2019. El cálculo de la pobreza en Panamá sigue siendo cuestionable.
No se publicaron informes oficiales sobre desigualdad, pero estimaciones del Banco Mundial sugieren que Panamá continuó presentando una de las peores distribuciones del ingreso. La política fiscal, según el FMI, presenta factores regresivos, y programas que disminuyen la desigualdad como los auxilios económicos, subsidiaron a la población de altos ingresos, contradiciendo principios básicos de la política pública.
Finanzas públicas: el manejo de las finanzas estuvo alejado de la prudencia y de la transparencia. No se publicó el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La deuda pública incrementó del 44% al 56% del PIB y, aunque se cumplió con el déficit fiscal, según Fitch Raitings, el logro estuvo relacionado con maniobras contables. Después de varias advertencias, estas dinámicas le costaron al país un deterioro en el riesgo soberano y la pérdida del grado de inversión por parte de Fitch.
En síntesis, el balance económico de la administración Cortizo, al margen de haber enfrentado la pandemia, fue de sombras y luces. Quizás el mayor legado positivo consistió en la exclusión del país de la lista gris de GAFI.
Algunas lecciones importantes para la nueva administración: la relevancia de ser transparente en el estado de las variables económicas; coherencia con el plan de gobierno; y la necesidad de llegar a consensos, pues no podemos olvidar que Panamá atravesó varias oleadas de protestas que, directa e indirectamente, se relacionan con las reformas de fondo que se requieren.
El autor es economista
