Las protestas de los grupos organizados de maestros y profesores de colegios públicos, día tras día, por sus nefastas consecuencias económicas y sociales, así como por su expresión cotidiana de violencia incontrolada, deben ser consideradas por la sociedad como manifestaciones de bandas de crimen organizado y tratadas como tales por las autoridades. Comparadas con estas, el narcotráfico y otras formas de criminalidad y violencia organizada son manifestaciones delictivas menores.
Grupos de docentes como bandas del crimen organizado
Para tener una idea del desastre en que se encuentra la instrucción pública en Panamá en términos de calidad educativa: 6 de cada 10 niños en tercer grado no logran el nivel mínimo de competencia en lectura y 7 de cada 10 fallan en matemáticas. En sexto grado es aún más grave: 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia en lectura; en ciencias, 9 de cada 10 jóvenes tampoco alcanzan el mínimo requerido, y en matemáticas, casi el 100% no pasa esta prueba. Por su parte, en el nivel de Premedia, 6 de cada 10 adolescentes no alcanzan el nivel mínimo de rendimiento en lectura; en ciencias y matemáticas, la proporción es aún mayor.
Las protestas de los 14 grupos organizados de empleados docentes de nivel primario y secundario del sector público en Panamá, mal llamados “educadores”, que el país registra desde hace por lo menos cincuenta años, cualquiera sea la causa que aleguen, concluyen con la inevitable suspensión de clases y con el regreso a estas tras días, semanas o meses, siempre recibiendo la totalidad de sus salarios, vacaciones y remuneraciones extra.
Ninguna responsabilidad. En el peor de los casos, las penas no pasan del equivalente de rezar un Padrenuestro y dos Avemarías. Sin recuperación de las miles de horas perdidas de clases, lo que hace que el nivel de nuestra instrucción pública (no le llamemos educación) sea uno de los peores del mundo. Y los cientos de miles de estudiantes son las víctimas de esta agresión impune, con la tolerancia, cobardía y complicidad de Gobiernos corrompidos e incompetentes. Y un alto grado de indiferencia y complicidad, directa o indirecta, de padres de familia y del resto de la población. Los movimientos de protesta cumplen su objetivo innegable e impune: recibir pago sin trabajar. Los contribuyentes pagamos a estas bandas criminales para que nos roben.
Los grupos organizados de docentes se equiparan, de esta manera, en sus objetivos y actividad, a los grupos de criminalidad organizada. Peor aún, con un daño mucho mayor a la población en sus aspectos educativos, económicos y morales a corto, mediano y largo plazo, y con un alto grado de impunidad garantizada, mayor del que disfrutan las organizaciones criminales.
Las protestas no son por asuntos educativos
Lejos de preocuparse, de sus marchas pseudo típicas, de su narrativa retrógrada, de su arrogante e insolente exhibicionismo y desparpajo interrumpiendo el uso de las vías públicas, ignoran temas cruciales como la deserción y la repitencia escolar, la inequidad en el acceso a la educación y la calidad de esta. Les tienen sin cuidado factores adicionales como la pobreza de los estudiantes, los embarazos en edad temprana, la falta de infraestructura y formación docente, la brecha digital y la falta de planificación educativa.
Cómo combatir el crimen organizado de los “educadores”
¿Cómo defender a nuestra sociedad del secuestro impune de su presente y futuro? Someterlos a la acción penal de privación de la libertad, despedirlos del cargo, dejar de pagarles, enjuiciarlos, condenarlos y recuperar los fondos obtenidos sin trabajar. Las acciones de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Educación apuntan en ese sentido. ¿Se cumplirán o serán un eslabón más en una cadena de vacilaciones y desaciertos gubernamentales que envalentonan aún más a los grupos criminales?
Como miembro de una familia que durante generaciones ha prestado modestos servicios en la instrucción pública, y como producto de la escuela pública en los niveles primario, secundario, universitario y posuniversitario de cuatro países, escribo estas líneas con dolor, pero con la convicción de la necesaria acción terapéutica social.
El autor es consultor en asuntos económicos y bancarios.
