Recientemente vimos al ministro de Economía y Finanzas dar un breve y escueto informe sobre el nuevo presupuesto que estaría enviando a la Asamblea Nacional para su consideración.
En él destacaba que una parte considerable del gasto público proviene de leyes especiales que conceden privilegios a ciertas “castas” por encima del resto de los que vivimos en el país.
En este caso, me gustaría traer a colación la frase “Si los derechos que yo tengo no los tienen los demás, entonces no son derechos, son privilegios”, atribuida a varias personas, entre ellas la activista y escritora Rita Sheldon. Según la inteligencia artificial, esta expresión “resuena con principios fundamentales de los derechos humanos, como la igualdad y la no discriminación, que son pilares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
No es un tema nuevo, pero algunos hemos venido criticando desde hace tiempo los privilegios que tienen ciertas profesiones en Panamá. Y sí, son privilegios, pues nuestra Constitución, en su artículo 19, establece que todas las personas tienen los mismos derechos y no deben ser discriminadas por razones de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Esto implica que estarían prohibidos fueros o privilegios basados en estas características.
¿Cómo es posible que un policía tenga más derechos que el resto de los residentes en Panamá? A estos se suman otras profesiones, como maestros, trabajadores de plantaciones y procesadoras de banano, y bomberos. Si el argumento es que son profesiones con largas jornadas de pie o sin dormir, entonces también deberían incluirse a los médicos y obreros de la construcción. Y no, no estoy dando malas ideas: estoy cuestionando las leyes vigentes.
Encima, la semana pasada nos enteramos de que ahora los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también quieren pensionarse con su último salario, que, si no me equivoco, ronda los 14 mil balboas. Según he leído y escuchado, el aporte para estas pensiones provendría de diversas fuentes: una parte de la Caja de Seguro Social, otra de un fondo especial que se crearía para “abonar” y el resto lo pagaría la propia institución, algo similar a lo que sucede con la Fuerza Pública.
La pregunta del millón es: ¿por qué ellos tienen beneficios especiales —léase privilegios— sobre el resto de los ciudadanos? ¿No estarían todos en flagrante violación del referido artículo de nuestra Constitución? Estas leyes llevan tiempo circulando y no parece que hayan servido para nada más que beneficiar a los privilegiados.
¿Ustedes sienten que hay más vigilancia en las calles? ¿O que los policías de tránsito ya no imponen multas injustas con artimañas para justificar su mala actuación? Los invito a recorrer las “rectas de Coclé y Veraguas”, como ellos mismos las llaman, para ver cómo les va. Puede haber mano dura, pero no ilegalidades ni injusticias.
¿O que los permisos de los bomberos se tramitan con la prontitud debida? Milagrosamente, estos se “aceleran” si se les da una “ayudita”, ¿verdad?
¿O que los maestros enseñan con el cariño y la dedicación que requieren nuestros niños y jóvenes para convertirse en mejores profesionales? Hace pocos días vi a la rectora de una de las pocas universidades panameñas con calificación significativa a nivel mundial decir que los aspirantes a ingresar deben recibir un curso de capacitación adicional y acelerado antes de presentar el examen de admisión. Es decir, no están preparados para las exigencias académicas actuales.
Si las pensiones que recibe la mayoría no son justas o suficientes, ¿por qué no se permite que todos nos jubilemos con lo que nos merecemos? Esto no es culpa exclusiva de la Caja de Seguro Social ni de la nueva ley que regula este tema: es un cáncer del que debemos librarnos ahora, mientras podamos. De lo contrario, habrá que preparar un presupuesto mucho más reducido para que el gobierno opere y gestione según lo que la población espera, y otro “especial” para cumplir con las obligaciones inconstitucionales con las que nos vienen “goleando” desde hace ya bastante tiempo.
El autor es dirigente cívico y analista político.
