Aunque es un pequeño istmo, Panamá tiene una gran importancia en el mundo, gracias a su posición geográfica. Después de emerger del océano hace 15 millones de años, Panamá se convirtió en el puente que conecta las masas terrestres de América del Norte y América del Sur. Esta ecología única no debe ser explotada, sino protegida. La minería a cielo abierto conduce a la destrucción ambiental de nuestro país, que en promedio pierde más de 8,000 hectáreas de selva tropical cada año debido a la deforestación.
Pero nuestros gobiernos han seguido otorgando concesiones mineras a empresas privadas a cambio de millones de dólares, sin siquiera consultar el futuro de nuestro patrimonio natural con el pueblo panameño. En nuestro país se debería prohibir la minería a cielo abierto y dar prioridad a la protección del ambiente, lo cual traerá mayores beneficios a largo plazo.
La minería a cielo abierto destruye ecosistemas, crea peligros para la salud y causa el desplazamiento de comunidades. Las explotaciones a cielo abierto implican la eliminación de la capa boscosa, la destrucción de cerros y montañas y la contaminación de las aguas. Además, el daño imprudente al ambiente interrumpe importantes rutas migratorias de aves, destruye los hábitats de las especies y reduce la población de vida silvestre.
La mayoría de las reservas de oro y cobre en Panamá están ubicadas en tierras indígenas. Los proyectos mineros en tierras protegidas obligan a las personas a abandonar sus hogares y les impiden acceder al agua potable. Además, numerosos problemas de salud resultan de la exposición a químicos liberados en la minería a cielo abierto. Todo esto sin mencionar la codicia, los sobornos y la corrupción que caracterizan los proyectos mineros en nuestro país.
La ley panameña exige que los proyectos mineros cumplan con ciertos estándares ambientales. Sin embargo, el gobierno otorga concesiones mineras incluso cuando no cumplen con esos estándares.
Además, debido a la corrupción y la falta de transparencia, nuestra sociedad ni siquiera se beneficia de los frutos económicos creados por estos proyectos, como es evidenciado por el proyecto Cobre Panamá.
La prohibición de la minería a cielo abierto salvaría al ambiente de un mayor deterioro y protegería la fauna única del país. En todo el mundo, la economía verde y el ecoturismo siguen creciendo. Al prohibir la minería a cielo abierto, Panamá se unirá a un grupo exclusivo de países que están comprometidos con la sostenibilidad y la protección de nuestro planeta, como lo es Costa Rica desde el 2010. Asegurar el bienestar de la población local y la preservación del ambiente incrementará el turismo, uno de los sectores más importantes de la economía del país, que aún no se reactiva completamente después de la pandemia.
El país también puede establecer una comisión nacional sobre biodiversidad. Esto creará empleos en investigación ambiental, sustentabilidad, agricultura y ecoturismo. Estos estarán abiertos a agricultores, pueblos indígenas, botánicos, investigadores, guías turísticos y líderes de senderos. Estas son el tipo de oportunidades económicas (y ambientalmente sostenibles) que ayudarían en la lucha contra la desigualdad.
Nuestros gobiernos no han logrado visualizar el daño irreversible y a largo plazo que las operaciones mineras traen al país. Incluso mucho después del cierre de las minas, la contaminación persiste y se propaga durante décadas. Es justo preguntarse si los políticos quieren tierras infértiles, un ambiente degradado y la desigualdad social, o un país próspero y sostenible que es líder mundial en la economía verde y el ecoturismo.
No es demasiado tarde para presentar proyectos legales que protejan lo que queda de una de las áreas biológicamente más diversas del mundo.
La autora es especialista en relaciones internacionales y políticas públicas
