TESTIMONIO

Una noche de horror

El 31 de octubre fue una noche horrorosa. Viví en carne propia el trato de la policía a los civiles que protestábamos en contra de las reformas a la constitución.

Inició como una protesta pacífica desde la Iglesia del Carmen hasta la Asamblea Nacional. Entramos al perímetro cercado por antimotines, con las manos en alto en señal de paz. Solo habían pasado unos segundos cuando alguien lanza fuegos artificiales desde atrás. La multitud se dispersa. Lanzan una bomba de gas pimienta. Mi amiga y yo corremos y nos encontramos con dos jóvenes a quienes auxiliamos.

7:00 p.m. Una de las dos Jóvenes se nos une . Una veintena de personas nos alejábamos del área, cuando la policía lanza perdigones en nuestra dirección. Corremos y nos detenemos cerca de unos guardias que custodiaban la entrada del Metro. Se acercan unos antimotines. Alzamos las manos para evitar conflictos. Nos mandan a agacharnos y a sacar nuestras pertenencias. Obedecemos. Dicen, “mejor no, guarden todo, eso lo vemos en el cuartel”. Nos montan a la “chota” mientras nos gritan. Nos apiñan, obligándonos a apretarnos para hacer espacio. Nos advierten que no podemos grabarlos ni sacar nuestros celulares. Nos amenazan, diciendo, “lo hacen a las buenas o les enseñamos a las malas”. No dicen por qué fuimos detenidos. Cuándo pregunto, no hay respuesta. Nos lleva un busito al cuartel de Ancón. Allí, nos dividen por sexo, sentados en el suelo. Piden nuestras cédulas. Cuando pregunto por qué estamos ahí, aplican la ley del hielo. No hay respuestas. No podémonos hacer llamadas. Nos despojan de nuestras pertenencias dejando solo la cédula. Vamos a “filiación” . Nos toman fotos y datos personales. Todavía no hemos llamado a alguien.

Nos mueven a unas jaulas. Nos llaman para firmar un documento que dice que no nos han maltratado física, psicológica ni moralmente. No lo firmé. Luego de hablar con los abogados que llegaron a apoyarnos, decidí hacerlo. Si no lo hacía, demoraría más tiempo e incluso tendría que pasar por un examen físico.

Pasó una hora. Nos montan en un bus en el que esperamos dos horas más para ir al juez de paz en Calidonia. Tuvimos acceso a dos botellas de agua que se rellenaban para todos. Esperamos por más de hora y media, con calor, preguntando ¿Cuándo nos vamos? 0 respuesta.

Finalmente, salimos. Cuando llegamos, subimos esposados por “procedimiento”. Fue humillante. Nos entregaron la hoja de citación para el 7 de noviembre. Salimos a las 5:30 a.m. Afuera, ansiosos, estaban mis compañeros del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC) que se habían enterado que estaba detenida por una lista que se hizo pública.

Soy una estudiante universitaria de 21 años. No soy una agitadora ni una delincuente . Mi derecho a protestar es legítimo . Ninguna autoridad tiene derecho a violar derechos humanos fundamentales. Aunque ni a mis amigas ni a mi nos maltrataron pues hicimos lo que nos pedían, sí vimos a compañeros tirados al suelo, esposados con sunchos, e incluso, golpeados. Si a nosotros nos tratan así, ¿qué se espera del trato que reciben los detenidos por casos de delincuencia? Suponía que el protocolo de la policía al retener a presuntos antisociales, se apegaba a procedimientos que garantizan el respeto a sus derechos humanos con el objetivo que desde su captura se inicie su reintegración social.

La autoridad policiaca debe asegurar la seguridad. Es inaceptable la prepotencia y la arbitrariedad. Su misión no es abusar y humillar, sino proteger y servir al pueblo panameño.

La autora es egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana

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