Los gobiernos cambian, pero los panameños parecen vivir con un pesimismo constante hacia la política partidista. Los cargos públicos son vistos como fácilmente nombrables y destituibles, con cada gobierno trayendo a su propia gente para casi todos los cargos.
Reconocemos que los recursos son limitados, pero existe la tradición de reemplazar a los anteriores sin distinción para dar paso a los nuevos. En años recientes, han surgido casos de familiares o amigos en puestos sin preparación adecuada, donantes de campañas en consulados para expandir negocios personales, nuevos funcionarios sin experiencia profesional relevante y posiciones adjudicadas por participación en campañas políticas. Personas acaudaladas en roles completamente alejados de su trayectoria profesional, además del polémico tema del negocio de las notarías.
Panamá requiere una legislación integral de servicio público que sea efectivamente implementada y que garantice la estabilidad de los funcionarios en el sistema público, permitiendo su desarrollo profesional. Además, debería prevenir que cada nuevo gobierno relegue a los verdaderos funcionarios de carrera para dar lugar a designaciones arbitrarias. También es fundamental que las nuevas incorporaciones pasen por un proceso de selección que asegure la elección de los mejores candidatos que cumplan con los criterios, requisitos y formación necesaria para desempeñar el puesto.
En otras palabras, quienes aspiren a formar parte del servicio público no solo deben superar oposiciones para obtener el puesto, sino que también debe ser el Estado quien garantice su protección contra las arbitrariedades de un cambio de gobierno. Esto no significa que, una vez conseguido el puesto, sea permanente, sino que la persona debe continuar preparándose para ascender y progresar, pasando diversos exámenes que permitan aumentar su salario y alcanzar los niveles más altos en su escala salarial o jerárquica, independientemente de las decisiones del gobierno vigente.
Como panameño, me gustaría que cada año se realizaran concursos públicos para diferentes cargos dentro del gobierno, llevados a cabo por personas independientes. Esto ayudaría a mantener la política alejada de la carrera pública y abarcaría desde los puestos más bajos hasta los más altos.
En otros países, por ejemplo, los notarios cursan una carrera académica específica en Registro Notarial (algo que aún no existe en Panamá), lo que les permite postularse para el puesto cuando se abre la convocatoria. Muchos también se preparan como abogados para obtener una mejor puntuación y así aumentar sus posibilidades de conseguir el puesto, llegando incluso a jubilarse en él. Algo similar ocurre con la carrera diplomática; necesitamos personas graduadas en relaciones internacionales para ocupar estos puestos, quienes aprueben los exámenes correspondientes, dominen varios idiomas y empiecen desde posiciones menores, para luego competir por las plazas vacantes en el extranjero, sin importar el lugar de destino, ya sea desde las embajadas más prestigiosas hasta las menos solicitadas. No se puede nombrar a cualquier persona sin que, por lo menos, compita y gane su puesto, entre otros ejemplos.
Al igual que con otros cargos en varias instituciones gubernamentales, es necesario implementar una nueva ley de ejercicio y servicio público para despolitizar los puestos públicos. Esto permitiría contar con una fuerza laboral pública equilibrada y alejada de la política partidista, lo cual nos ha perjudicado significativamente como sociedad. Somos un país con la capacidad y responsabilidad de avanzar en esta dirección, evitando gradualmente los nombramientos a dedo, permitiendo así que cada gobierno actúe con mayor transparencia.
Abogado y docente universitario.
