El Estado panameño tomó la decisión de hacer un cambio sustancial en la justicia más próxima a la comunidad que era impartida por los corregidores, conocida como “justicia de policía”.
Es así como mediante la Ley No. 16 del 17 de junio de 2016, instituye la justicia comunitaria de paz, como una nueva forma de intervenir en los conflictos comunitarios, con el propósito de “promover la solución efectiva de las controversias comunitarias y la convivencia pacífica”, lo novedoso de esta forma de intervención del Estado es la incorporación de los métodos alternos de solución de conflictos.
Con la entrada en vigencia de esta nueva jurisdicción, el Estado panameño se suscribe en la lista de países que han comprendido que la convivencia vecinal es el fundamento de la democracia y sobre todo, de la paz social.
Pretender responsabilizar a esta nueva jurisdicción del deber del Estado en combatir la criminalidad, es no comprender que el nivel de criminalidad es un fenómeno social multicausal, que deberá ser abordado con la misma complejidad que la origina.
La nueva justicia comunitaria de paz es apenas un eslabón en la cadena de acciones y compromisos que el Estado debe desarrollar en su compromiso por combatir la criminalidad.
Tenemos que darle un nuevo enfoque al “desarrollo nacional”, un modelo económico que concentra la riqueza en manos de unos cuantos y que excluye a la gran mayoría de ciudadanos, genera empobrecimiento y marginación, Panamá está entre los 10 países con la peor distribución de la riqueza en el mundo.
Hay que comprometer al sistema educativo para que sea la herramienta que integre la comunidad al desarrollo, la educación tiene el gran reto de una formación integral de los ciudadanos, que garantice a todos los niños y adolescentes el derecho a una educación de calidad, que mire a la persona como “talento” y no como “recurso” o mero objeto de desarrollo, la educación es el único camino para la realización personal que deberá reforzar las relaciones de justicia y equidad en la comunidad.
El autor es miembro de Alianza Ciudadana Pro Justicia