Necesitamos que los cientos de miles de asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) y los millones de panameños decentes exijan que la Caja deje de robarnos, estafarnos, matarnos y engañarnos, tal como lo ha venido haciendo durante décadas.
La aprobación del proyecto de ley No. 163 por parte de la Asamblea Nacional sería apenas un primer asalto en una larga y dura batalla entre dos contendientes: la Caja por un lado y los asegurados por el otro. Los jueces y el público serán el Gobierno Nacional y el resto del país en su conjunto.
Primer asalto: suena la campanilla. El proyecto llega de la Asamblea al poder Ejecutivo, que deberá determinar si cumple con las aspiraciones de solvencia financiera y viabilidad operativa con las que fue propuesto a la Asamblea, a la opinión pública y al resto del país.
Segundo asalto: El poder Ejecutivo aprueba el proyecto, lo sanciona, lo publica y se convierte en ley. O bien, el poder Ejecutivo rechaza o enmienda el proyecto y lo devuelve a la Asamblea, que lo modificará según las observaciones del Ejecutivo o lo hará viable por insistencia.
Tercer asalto (de un pugilato de 10, 12 o 15 rounds, quién sabe). Cada 3 minutos, o durante el tiempo equivalente en la vida ciudadana, que puede ser de días, meses o años, los asegurados, el Gobierno y el resto de los ciudadanos decentes deberán vigilar día tras día si la Caja sigue o no:
Robándoles, a través de miles de empleados administrativos y de servicios médicos que cobran, pero no trabajan bien o no trabajan, a diferencia de aquellos que cobran y trabajan bien, y por la mala administración de la CSS, que no cobra oportunamente las cuotas o no protege a los cotizantes incumplidos.
Estafándolos, obligándolos a comprar y pagar fuera de la CSS cientos de millones de balboas en medicinas, tratamientos y servicios médicos que ya se pagaron por adelantado a la CSS, pero que esta no les presta, y por recibir pensiones cuyo monto es menor al estipulado en las condiciones de jubilación del asegurado.
Matándolos, con tratamientos o medicación insuficientes, demorados o erróneos.
Mintiéndoles, al indicar falsamente que se prestan servicios que en realidad no se ofrecen y al cubrir con un manto de impunidad todo el robo, la estafa, los crímenes y las mentiras cometidas por la CSS contra los asegurados.
La pelea será larga, y el contendiente que se canse primero pierde. No existen milagros ni regalos. Una ley por sí sola no será suficiente si no existe la voluntad de aplicarla de manera firme y consistente por parte de las autoridades de la CSS y el Gobierno Nacional. Solo la vigilancia constante y la acción política y cívica consecuente de la población, con la debida exigencia de responsabilidad administrativa, pecuniaria y penal, logrará que la CSS sea, de verdad, una entidad al servicio de los asegurados y de los ciudadanos decentes.
El autor es ciudadano.
