El próximo 7 de agosto entrará en vigor la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 31 de julio, que establece aumentos en los aranceles a la importación de varios productos extranjeros. Esta medida busca proteger la industria manufacturera nacional frente a la competencia externa, siguiendo la política comercial de su administración, que combina sanciones e incentivos para fomentar la producción local y reducir el déficit comercial.
Los nuevos aranceles son la culminación de medidas anunciadas el 2 de abril —el llamado “día de la liberación”—, base fundamental de su plataforma electoral. Estas políticas apuntan especialmente a estados industriales como Michigan, Illinois, Ohio y Pensilvania, donde muchos ciudadanos responsabilizan a las importaciones por el deterioro del sector manufacturero, impactado negativamente en su calidad de vida. Esta percepción persiste pese al consenso entre economistas sobre los beneficios del libre comercio, particularmente en la asignación eficiente de recursos.
Esa eficiencia ha transformado estructuralmente la economía estadounidense, ahora dominada por el sector servicios, que representa cerca del 80% del PIB. La manufactura, pese a avances tecnológicos, apenas alcanza el 10%, muy por debajo del 25% que representaba en los años 60. Esta transformación contribuye al déficit crónico en cuenta corriente, que llegó a $1,133.6 billones en 2024, argumento invocado por la administración Trump para justificar el aumento arancelario a través de la orden ejecutiva bajo poderes de emergencia.
¿Reducirán estos aranceles el déficit en cuenta corriente? Funcionarios del gobierno aseguran que ayudarán a disminuirlo y podrían generar suficientes ingresos tributarios para reducir el déficit fiscal. Sin embargo, fuentes independientes no respaldan estas expectativas. Bajo un escenario optimista, se proyecta que los aranceles generarán $2.8 millones de millones (trillones) en ingresos en la próxima década, frente a un déficit fiscal proyectado de $22 millones de millones (trillones).
Una de las principales interrogantes es el impacto de las tarifas en los precios. Estudios indican que, hasta ahora, los aranceles han sido absorbidos mayormente por los exportadores y las empresas importadoras estadounidenses, quienes solo han trasladado una parte al consumidor final. Esto ha sido posible gracias a márgenes de beneficios altos y al esfuerzo por conservar participación de mercado. Pero la magnitud de los nuevos aranceles genera dudas sobre si esta dinámica continuará y qué impacto podrá tener en el mercado.
La noticia de los ajustes coincidió con el débil reporte del mercado laboral, de allí que los principales índices bursátiles cerraron en negativo y los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron ante una mayor demanda, reflejo de una búsqueda de refugio por parte de los inversionistas.
¿Cambiarán estas tarifas la trayectoria del mercado a corto plazo? Es improbable. No obstante, podrían presionar al alza los precios y complicar el escenario para futuros recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. En un contexto marcado por incertidumbres geopolíticas y volatilidad financiera, las consecuencias de esta política arancelaria requieren un seguimiento cuidadoso, especialmente si se busca equilibrar las cuentas fiscales sin desencadenar inflación.
El autor es financista.
