DERECHO INTERNACIONAL

El ocaso de la doctrina Betancourt

El 4 de septiembre de 1990, el presidente de la República, Guillermo Endara Galimany y su ministro de Relaciones Exteriores, Julio E. Linares, en homenaje al expresidente venezolano Rómulo Betancourt, emitieron el Decreto No. 364, “Por el cual se establecen reglas para el no reconocimiento de gobiernos surgidos de golpes de Estado o de fraudes electorales”.

La doctrina Betancourt, al igual que la doctrina Larreta, es considerada una renovación de la doctrina Tobar. Al ser enunciada por el mandatario venezolano, en su discurso de instalación, ante el Congreso Nacional, año 1959, manifestaba: “Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de policías políticas totalitarias, deben ser sometidos a un riguroso cordón sanitario y erradicados mediante acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica interamericana”.

El propósito del decreto es noble y está en armonía con el artículo 184 de la Constitución Nacional, siendo como es, que el reconocimiento es un acto discrecional y un Estado no está obligado a extenderlo a un nuevo gobierno. La excerta buscaba la legitimación internacional, así como afirmar y promover el compromiso del Estado panameño con la democracia.

La doctrina Tobar fue propuesta a principios del siglo pasado, y debe su nombre al ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Carlos Tobar, quien proponía el no reconocimiento de los gobiernos emanados de una revolución.

En mensaje dirigido el 15 de marzo de 1907 al cónsul de Bolivia en Bruselas, expresaba: “Las repúblicas americanas, por su buen nombre y crédito, aparte de otras consideraciones humanitarias y altruistas, deben intervenir de modo indirecto en las decisiones internas de las repúblicas del continente. Esta intervención podría consistir, a lo menos, en el no reconocimiento de gobiernos de hecho surgidos de revoluciones contra la ‘Constitución”.

El principio contenido en la doctrina Tobar o doctrina de la legitimidad fue aceptado por el presidente de Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, en su discurso de inauguración, el 4 de marzo de 1913, dándole mayor alcance, planteando, que todo gobierno latinoamericano de origen revolucionario o anticonstitucional no podría tener las simpatías del gobierno de Washington y no sería reconocido por él. Dicho de otro modo, la llamada doctrina Wilson no es sino la doctrina Tobar aplicada por Estados Unidos, bajo la presidencia de Wilson.

Los recientes acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela, el golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009, y lo ocurrido el 5 de abril de 1992, cuando el presidente peruano Alberto Fujimori realizó el famoso autogolpe de Estado con la frase “Disolver... temporalmente el Congreso”, confirman a los estudiosos del derecho internacional, el hecho de que los gobiernos panameños, abandonaron desde hace 28 años, la doctrina Betancourt.

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