La figura del fontanero polaco se hizo célebre cuando la Unión Europea (UE) acometió su mayor ampliación y acogió a 12 Estados nuevos entre 2004 y 2007. De ser un elemento anecdótico, ese fenómeno del trabajador desplazado desde su país a otros con salarios más elevados creció 50% entre 2010 y 2014. Casi a la misma velocidad aumentaron los recelos en esos empleados con pasaporte comunitario que realizan el mismo trabajo que un local por menos dinero.
Para evitar conflictos, la Comisión Europea decidió endurecer la ley, pero se ha topado con una situación poco común: 11 países (básicamente los del este) le han sacado tarjeta amarilla para que guarde en el cajón la nueva norma. Al mismo tiempo, algunos del oeste –principalmente Francia– presionan para que la directiva sea más ambiciosa. Tras casi cuatro meses de debate, el Ejecutivo comunitario ha tomado su decisión: seguirá adelante con la norma que iguala los salarios de nacionales y extranjeros cuando el trabajo se realiza en un mismo país.
Pese al llamamiento colectivo a modificarla, el colegio de comisarios tiene previsto aprobar, sin cambios, la misma propuesta de directiva que presentó en marzo la comisaria de Empleo, Marianne Thyssen.
El problema es poco relevante desde el punto de vista de las cifras (los trabajadores desplazados solo representan 0.7% de la fuerza laboral en la UE), pero combina elementos de alta sensibilidad política. Por un lado, los recelos que sienten muchos empleados locales hacia el extranjero que compite deslealmente al desempeñar un trabajo similar, peor remunerado. “Es un derecho fundamental que los trabajadores reciban un salario igual por un mismo trabajo. Cualquier empresario honesto debería pagar lo mismo en un mismo país, no menos al trabajador que venga de otro sitio”, defiende Liina Carr, de la asociación europea de sindicatos.
El sistema, además, se presta a abusos y hay empresas que fijan su sede artificialmente en países del este para poder enviar trabajadores (sobre todo de construcción y servicios) a Estados ricos. La ventaja competitiva es enorme: la remuneración puede diferir 50% según dónde esté radicada la compañía.
El otro elemento de alto voltaje consiste en que, por tercera vez en la historia, más de un tercio de los parlamentos nacionales le han dicho a Bruselas que frene una ley porque no respeta el principio de subsidiariedad. Ese principio consiste en que, cuando un problema puede resolverse con legislación nacional, la UE debe abstenerse de intervenir.
Aunque la Comisión es consciente de que el clima es poco propicio para ignorar las demandas nacionales –el brexit se cimentó en la tesis de que Bruselas ejerce un poder omnímodo contrario a la voluntad del pueblo-, la iniciativa prosigue. “Lo que nos preocupa después del brexit es que haya falta de equidad. En este caso, no actuar no es una opción”, esgrime la comisaria.
