La semana del 14 al 20 de julio dejó tres hechos aparentemente inconexos, pero unidos por un mismo hilo conductor: la necesidad urgente de un Panamá más transparente, resiliente y tecnológicamente soberano.
La salida del país de la lista negra de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de dinero, por parte de la Unión Europea, representa un alivio diplomático y financiero. El sismo de magnitud 6.1, registrado en el océano Pacífico a una profundidad de 10 kilómetros, nos recordó —sin víctimas que lamentar— cuán vulnerable sigue siendo nuestro amado istmo. Y el ejercicio militar conjunto entre Panamá y Estados Unidos para reforzar la seguridad del Canal se enmarca en un escenario geopolítico de crecientes tensiones, donde nuestra posición estratégica nos convierte en partícipes de un tablero en el que apenas somos espectadores.
Estos tres hechos colocan al país en una encrucijada. La pregunta es inevitable: ¿estamos realmente preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI en materia de transparencia, infraestructura crítica y soberanía tecnológica?
Salir de una lista negra no equivale a salir de la opacidad. Las reformas adoptadas para satisfacer exigencias externas deben traducirse en transformaciones reales dentro de nuestros sistemas de control financiero. No basta con promulgar leyes: es indispensable garantizar su cumplimiento efectivo.
Panamá puede aspirar a convertirse en un referente regional en trazabilidad financiera mediante el uso de tecnologías emergentes. Herramientas como blockchain permitirían registrar operaciones de forma inviolable, mientras que la inteligencia artificial reforzaría los sistemas de monitoreo y detección de operaciones sospechosas. El obstáculo no es técnico, sino de voluntad institucional y de planes de Estado que trasciendan al gobierno de turno.
El reciente movimiento telúrico puso en evidencia lo que muchos expertos en urbanismo y protección civil advierten desde hace años: nuestras ciudades, sobre todo fuera de la capital, carecen de sistemas robustos de monitoreo y respuesta ante desastres naturales.
En un país con riesgos sísmicos, climáticos y logísticos, urge implementar soluciones tecnológicas como sensores inteligentes para evaluar estructuras, plataformas digitales para reportes ciudadanos en tiempo real y redes de alerta temprana con inteligencia artificial para identificar zonas de riesgo.
La prevención no debe ser un eslogan: debe convertirse en datos, sistemas interconectados y decisiones basadas en evidencia científica.
Los ejercicios militares orientados a proteger el Canal no son un gesto simbólico. En la actualidad, los conflictos no solo se libran con tropas, sino también con algoritmos. La ciberseguridad es hoy un pilar esencial de la defensa nacional.
Infraestructuras críticas como el Canal, los puertos, la red eléctrica y las telecomunicaciones son vulnerables a ataques digitales. Ante la competencia creciente entre potencias como Estados Unidos y China, Panamá necesita una estrategia propia de defensa tecnológica. Esto requiere inversión en talento local, fortalecimiento de capacidades estatales y una cultura de protección de datos y soberanía digital.
Panamá puede convertirse en un modelo regional si asume esta encrucijada como una oportunidad, como un reto, tal como cuando tomó en sus manos la administración del Canal. La tecnología existe. El conocimiento también. Lo que falta es visión, coordinación y determinación.
Modernizar no es solo digitalizar: es proteger a la ciudadanía, hacer más eficientes las instituciones, garantizar la transparencia y defender la soberanía.
Estamos a tiempo. Pero el tiempo no espera.
El autor es máster en administración industrial y está certificado en IA generativa.
