Después de ver las noticias matutinas por televisión, en las que se presentó un inusual enfrentamiento entre la comunidad emberá y la Policía de Fronteras, he decidido escribir este artículo para llamar la atención sobre la problemática en que ha quedado envuelto nuestro país tras la aprobación de la nefastamente percibida Ley del Seguro Social por parte del Gobierno Nacional.
En principio, mencionaré algunos hechos que, a mi parecer, han contribuido a desarticular nuestra patria, al punto de que ya no sabemos bajo qué sistema vivimos. En las últimas elecciones en Panamá resultó electo el señor José Raúl Mulino, quien, en mi opinión y la de muchos compatriotas, no reunía los méritos suficientes para ocupar tan alta magistratura por las siguientes razones:
En primer lugar, no fue postulado directamente por ningún partido político ni por un grupo independiente. Su candidatura surgió como suplente del señor Ricardo Martinelli, quien sí fue postulado, pero no pudo continuar por razones legales. Al retirarse Martinelli, Mulino fue elevado a candidato principal. Por esa razón, no tuvo suplente y no lo tendrá. La población que apoyaba a Martinelli votó entonces por Mulino.
El señor Mulino ganó las elecciones, pero ha olvidado muchas cosas —o las desconoce. Para vivir en democracia hay que recordar que el término “democracia” proviene de las voces griegas dêmos (“pueblo”) y krateîn (“poder”), lo cual equivale a “el poder del pueblo”. Así, la democracia se diferencia de otras formas de gobierno como la dictadura, la autocracia y el autoritarismo. Es uno de los sistemas predominantes en el mundo contemporáneo y permite que las decisiones trascendentales de la vida nacional, como la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo, se sometan a votación popular.
Además de elegir representantes, la democracia implica mecanismos de participación como los debates, los referendos, las juntas vecinales o las movilizaciones. Aunque su funcionamiento varía según cada país, existen principios comunes: el respeto a los derechos humanos y las libertades civiles, tal como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El señor Mulino ha olvidado que fue elegido democráticamente, que percibe su salario de los impuestos del pueblo, y que, en consecuencia, es un servidor público. Tenía que escoger su equipo de gobierno, y lo hizo —aunque con serias dificultades. Por ejemplo, nombró como ministra de Educación a una persona que jamás ha dado clases en una escuela pública; su solución a los problemas del sistema educativo parece limitarse a la compra de computadoras, lo que refleja una visión tecnocrática. Nombró como titular del Ministerio de Ambiente a una persona que ni siquiera ha sido consultor ambiental en la extinta ANAM, por mencionar solo dos casos.
Por otro lado, el señor presidente se refiere de forma amenazante y despectiva a quienes lo adversan, usando calificativos inadecuados. Eso no es usual en Panamá. Debemos respetar y ser atentos incluso con quienes nos critican —más aún si son ciudadanos que contribuyen con su salario.
En resumen, hay tres grandes grupos que se manifiestan en las calles: quienes exigen la derogación de la ley del Seguro Social; quienes piden respeto a nuestra soberanía, que parece ser el distractor del gobierno; y quienes exigen un rotundo “no” a la minería. Todos los problemas tienen solución, y todos caben en un diálogo honesto.
Señor presidente: haga un alto. Reconsidere su actitud. Acepte el diálogo como método funcional. Panamá somos todos y usted es un empleado de sus electores. Basta ya de imposiciones y epítetos. Conversemos y resolvamos.
El autor es jubilado.
